La corrupción pública en Honduras

Podemos definir corrupción de múltiples maneras y desde perspectivas diversas, pudiendo ser una de ellas: el abuso de posición por un servidor público, con un beneficio extraposicional directo o indirecto (para el corrupto o los grupos de que forma parte este), con incumplimiento de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los servidores públicos (Villoria Mendienta y Jiménez Sánchez, 2012). De este modo, al abuso de poder se debe unir el beneficio privado y el incumplimiento normativo. Esta definición es parcial y recoge solo una parte de la corrupción existente, dejando fuera la corrupción que no es sancionable desde el derecho. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta Honduras en la actualidad es, precisamente, el de la corrupción.

Por ilustrar la situación de la corrupción en Honduras, según los datos extraídos de Transparencia Internacional, el país ocupaba en el año 2015 la posición 112 de 168 en el Índice de Percepción de la Corrupción. Por otro lado, el informe por título Judicialización de la corrupción en Honduras 2008-2015, elaborado por la Asociación para una Sociedad más Justa de Honduras (ASJ), da cuenta de un tipo de corrupción muy extendida en el país, cual es la corrupción pública, pues genera los delitos que más se detectan, investigan y buscan castigarse, y es la que más perjudica al Estado como formulador, implementador y evaluador de políticas y prestador de servicios públicos. De este modo, la corrupción debilita las instituciones, genera desconfianza ciudadana y produce graves efectos en el mercado y en la competitividad del país. Sin embargo, el Informe muestra cómo por cada 12 denuncias que recibe el Ministerio Público de casos de corrupción pública, sólo se interpone 1 requerimiento fiscal. En el mismo Informe, se ofrece otro dato de gran relevancia en lo que respecta al porcentaje y tipología de delitos judicializados de corrupción pública en el país en esos 7 años. Así, el 26% de delitos judicializados lo fueron por abuso de autoridad, el 24% por violación de deberes del funcionario, el 18% por cohecho y enriquecimiento ilícito y el 16% por malversación de caudales públicos.

La corrupción en Honduras, más que tratarse de una falta de capacidad del Estado para combatirla, es una falta de asunción de responsabilidad de las instituciones para paliar el fenómeno; más que la falta de legislación al respecto, es el exceso que sobre ella existe; más que la falta de organizaciones y de estructuras que consigan eliminarla, es la duplicidad y multitud de ellas que se han creado pero sin funciones claras y sin objetivos concretos. Unida a la impunidad, la corrupción resulta más rentable en Honduras, pues el beneficio que se extrae de su puesta en práctica es mayor que la sanción que se recibe por el incumplimiento de la legalidad. 

Para combatir esta gran amenaza del país, es preciso mejorar el control institucional sobre aquellas prácticas que dañan a la democracia, y fomentar la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas sobre la actividad institucional. En una publicación reciente del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), por título "El manejo político y social de la corrupción en Honduras", el coordinador de esta obra (Víctor Meza), hace una excelente radiografía de esta problemática en el país al señalar que para que la corrupción funcione como sistema, es necesario que corrupto y corruptor se agreguen. Una vez dada esta simbiosis, deben acontecer otros dos fenómenos: la impunidad judicial y la tolerancia social. Así, sólo cuando la sociedad tolera y el sistema permite, es cuando puede funcionar un sistema integral y perfecto de la corrupción. 

Hasta tal punto que puede ocurrir que la enfermedad se expanda con tanta virulencia y rapidez, que no haya medicamento que inhiba a las instituciones en la práctica normal de sus cometidos en democracia, siendo la regla general lo que debiera ser la excepción en cualquier modelo de Gobierno y de Administración Pública.