La evaluación de los lobbies en España

En la mayoría de los países europeos, la influencia de los lobbies es motivo de preocupación y objeto de regulación específica. Y ello porque más de 50% de los ciudadanos creen que su gobierno está, en gran medida, guiado en su actuación por la satisfacción de unos pocos y poderosos intereses de determinados grupos. Incluso un 81% de los ciudadanos europeos cree que se han generado unos vínculos excesivos entre los negocios económicos y la política que provocan un aumento de la corrupción en su país. De igual modo, los españoles no son ajenos a estas preocupaciones, máxime cuando conviven en un contexto de alta percepción de la corrupción, desafección hacia el gobierno y desconfianza en las instituciones. En la ausencia de más transparencia, integridad y de una regulación adecuada del ejercicio de la representación de intereses y de la influencia en la política, la actividad del lobby se asocia a la influencia indebida y a riesgos de corrupción, y tiene una connotación muy negativa en el imaginario público.

Es por ello por lo que Transparencia Internacional España ha publicado un informe por título "Una evaluación del lobby en España: Análisis y propuestas", donde se analiza la situación de estos grupos en España y se proponen algunas recomendaciones a los representantes para mejorar la transparencia, promover la integridad y facilitar el acceso a los decisores públicos. En base a los resultados que arroja el citado Informe, España suspende en los tres aspectos cruciales que se evalúan del lobby: a) en transparencia obtiene el 10%; b) en integridad obtiene el 35%; y c) en igualdad de acceso obtiene una puntuación del 17%.

Uno de los contenidos más interesantes del Informe versa sobre la necesidad de comprender culturalmente el lobby en España. Ya hemos apuntado que estos grupos de presión no gozan de una buena reputación y ello se debe en parte a su difusa conexión con la corrupción política. Según el Consejo General del Poder Judicial, hoy en día hay más de 2000 casos de corrupción abiertos. Pero, hasta ahora, se pueden constatar pocos casos referidos exclusivamente a la influencia indebida por parte de grupos de empresarios a políticos, que algunos equivocadamente califican como una forma de lobby. En una encuesta realizada por Burson-Marsteller y Cariotipo MH5  del año 2013, muestra que aunque el 34% de los políticos entrevistados considera útil un registro obligatorio de lobbies, estos datos son menores que la media de países europeos (54%), donde ya existe cierta regulación. Además, en España la utilidad del registro de lobbies sería neutra para el 41% de los decisores políticos y el 20% no lo considera útil. En todo caso, según el 93% de los políticos españoles, el lobby no está suficientemente regulado en España, aunque para un 44% de optimistas sí lo estará en los próximos tres años. De igual modo, la falta de regulación puede explicar que el 46% de los políticos españoles encuestados consideren la opacidad como el aspecto más negativo de la actividad del lobby, frente al 26% de la media del resto de países europeos. Siendo más optimistas, la encuesta refleja que cuando se pregunta por el aspecto más positivo de lobby, éste se refiere a la posibilidad de participación de sus integrantes en la esfera pública. Así, un 59% de los encuestados en España asegura que la participación de agentes sociales, económicos y ciudadanos en el proceso político es buena (la media europea es del 37%). 

Para finalizar, entre las propuestas de mejora que se reflejan en el Informe, destacaría las siguientes:

• Se debe de regular la actividad de los lobbies en España y crear un registro obligatorio -a modo del que ya existe en la Unión Europea-, que incluyan a todas las personas que busquen ejercer influencia de forma organizada (no sólo a lobbistas profesionales, sino también a representantes del sector privado, consultorías, sindicatos, think tanks, despachos de abogacía, organizaciones no gubernamentales, académicas o religiosas, etc.), en el diseño e implementación de las políticas públicas a nivel nacional, autonómico o local.
• El representante público debe informar, de manera clara, de los contactos que mantiene en relación a cada política o programa público, e informar públicamente sobre su agenda de trabajo. Al respecto, algunas de las leyes autonómicas de transparencia pública contemplan este último aspecto pero es preciso hacer un esfuerzo mayor en este sentido.
• El lobbista registrado debe informar periódicamente de sus actividades, sin perjuicio de la información que deban dar los responsables públicos con los que se reúnen, estableciendo claramente los nombres de los agentes públicos implicados, sus categorías y las unidades donde trabajan, el tema sobre el que se realizó la labor de influencia, las cantidades recibidas para dicha labor o, si se trata de una empresa que influye para sí misma, el presupuesto implicado, etc.
• Debe aprobarse un Código ético para la actividad de lobby de forma consensuada, estableciendo estándares éticos claros con respecto a la comunicación y la búsqueda de influencia hacia los representantes electos y funcionarios públicos. 

En definitiva, es urgente que el legislador español contemple la regulación de la actividad y el funcionamiento de los lobbies en nuestro país, siguiendo los postulados básicos que ha normado la Unión Europea y a semejanza del resto de los Estados-miembros.