En democracia, resulta
trascendental tener en cuenta criterios de
equidad en la asignación de recursos. Debemos partir del hecho de que
existe desigualdad y, por tanto, no todos partimos de una misma base a la hora
de realizar una asignación "meritocrática" de recursos. En ese
reparto de medios, los poderes públicos deben asegurar a los ciudadanos que se
satisfacen sus necesidades vitales básicas y que cuentan con un sustento
elemental de derechos efectivos que elimine las privaciones que les impiden el
ejercicio de las opciones responsables y de las libertades en democracia. Y es
el que objetivo prioritario de cualquier Estado debe ser la cohesión social, y
éste es un "derecho de justicia,
amén de una elemental obligación de solidaridad" (Canales Aliende).
Desde el marco teórico de la elección racional es más probable
entender y predecir la asignación de recursos en políticas, a partir de la cual
se maximice el bienestar de la comunidad sobre la base del bienestar de cada
individuo. Dentro de este modelo, habría dos vertientes. La primera, el
utilitarismo de Bentham, sostiene que debe proporcionarse la mayor utilidad al
mayor número de individuos posible, de modo que todos tienen la misma
importancia y no se pondera ningún otro valor. La segunda, la defendida por
Ralws, sostiene que sólo se pueden mejorar el bienestar colectivo si se mejora
el nivel de bienestar del individuo en la peor situación. De este modo, el
autor pondera el valor de cada individuo y la asignación de recursos se realiza
en base a la meritocracia.
Bajo este modelo teórico de
asignación de recursos, la pregunta sería ¿cómo es posible agregar las
preferencias individuales para que la preferencia común represente a todos y no
perjudique a nadie? Una herramienta válida son los presupuestos participativos,
pues además de centrar la atención en el objetivo compartido de asignación de
medios, favorecen el canal para que el objetivo se cumpla.
Los presupuestos participativos son una forma de participación de la
ciudadanía en la gestión de su ciudad, mediante la cual entre todos los vecinos
se participa en la elaboración del presupuesto público municipal. Estos
presupuestos: a) promueven que la ciudadanía no sea simple observadora de los
acontecimientos y decisiones, y que pueda convertirse en protagonista activa de
lo que ocurre en la ciudad, profundizando así en una democracia participativa,
b) generan soluciones que se correspondan con las necesidades y deseos reales
que tiene la sociedad; c) logran una mayor transparencia, eficiencia y eficacia
en la gestión municipal, al compartir entre representantes políticos, personal
técnico y ciudadanía el debate acerca de en qué se van a gastar nuestros
impuestos, d) fomentan la reflexión activa y la solidaridad, ya que los vecinos
tienen la oportunidad de conocer y dialogar sobre los problemas y demandas del
resto; y e) mejoran la comunicación entre la Administración Pública y
ciudadanía, generando espacios de debate entre representantes políticos,
vecinos, colectivos y personal técnico.
Cada vez son más los municipios
que están implantando este tipo de medidas y, de hecho, en España existe una Red de Presupuestos Participativos con sitio web, en donde aparecen
reflejados los lugares en los que se están implantando este tipo de medidas, en
qué grado, cuáles son los beneficios extraídos y qué puntos son necesarios
reforzar en esta asignación colectiva de recursos. De igual modo, podemos
encontrar Guías Metodológicas para implantar los presupuestos
participativos en nuestras comunidades.
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