La política de reutilización de la información pública (RISP) en España, refleja el compromiso de los poderes públicos por regular una de las actividades de mayor impacto en nuestros días, ya que es una fuente de primer orden en el desarrollo social y económico de cualquier Estado. Cumpliendo con lo establecido en la Directiva 2003/98/CE, relativa a la Reutilización de la Información del Sector Público, el legislador estatal español ha aprobado la Ley 37/2007, de 16 de Noviembre, en la que se define reutilización como: “el uso de documentos que obran en poder de las Administraciones y organismos del Sector Público, por personas físicas o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa pública”.
La Administración Pública realiza una labor de vital importancia en este sentido, ya que es quien crea, recoge, trata, almacena y difunde información a mayor escala en España, la cual tiene gran interés para dos tipos de actores: para las propias Entidades Públicas, al crear nodos de interoperabilidad administrativa en los que las organizaciones intercambian los datos que poseen y ofrecen así servicios al ciudadano de más calidad; y para las Entidades Privadas, al optimizar recursos y facilitar la actividad profesional de éstas. La reutilización de la información pública crea valor a los datos recogidos para una finalidad concreta, multiplicando su funcionalidad para la consecución de otros intereses públicos y también privados.
Como recoge el estudio MEPSIR, el valor económico del mercado de la reutilización, calculado según la cifra de negocio de las actividades generadas en este ámbito –y a la que se le resta el coste de adquisición de dicha información–, oscila entre los diez mil y los cuarenta y ocho mil millones de euros, lo que origina un valor medio de unos veintisiete mil millones de euros dicho mercado en la Unión Europea. Por resumirlo de alguna manera, el valor que tiene en el mercado comunitario la reutilización de la información pública fluctúa en torno al uno por ciento del total de su Producto Interior Bruto.
Más recientemente y para el caso concreto de nuestro país, se está elaborando, con carácter anual, Estudios de Caracterización del Sector Infomedial en España. El propio Estudio define como Sector Infomedial al conjunto de empresas –tanto a las que se han creado con esta finalidad como las que sólo poseen un área específica dedicada a tal fin, si ser éste su principal negocio–, que generan productos y servicios para su comercialización a terceros a partir de la información que recogen del Sector Público.
En España, pese a que la reutilización de la información pública no tiene mucha tradición y práctica hasta el momento, lo cierto es que los Ejecutivos están realizando verdaderos esfuerzos para facilitar el uso de la información que generan las Administraciones Públicas para ciudadanos y empresas. En este sentido, la doctrina se ha centrado en analizar el impacto de estos esfuerzos: a) en el ejercicio de los derechos fundamentales; b) en la privacidad de los datos; y c) en el respeto por las garantías y las libertades ciudadanas.
Esta preocupación antes señalada, ha provocado que otras cuestiones de especial trascendencia en la materia –como ocurre con lo referente a las condiciones organizativas internas en el Sector Público y su influencia en la reutilización–, hayan sido aparcadas y no sean suficientemente tratadas de forma sistemática, cuando, realmente, son las que considero que determinan una correcta implementación de la citada política, al conformar el marco institucional necesario para la economía digital de datos públicos.
Dos de los últimos programas introducidos en España para el fomento de la política de reutilización de la información pública han sido: a) la aprobación del Proyecto Aporta; y b) la creación del Portal Datos.gov, si bien debe matizarse que las Comunidades Autónomas están llevando también a cabo, en su ámbito competencial, diferentes actuaciones en esta materia.
La primera de ellas –el Proyecto Aporta–, enmarcado dentro del Plan Avanza 2, pretende fomentar una cultura de reutilización de la información del Sector Público, atendiendo a las necesidades informativas de todos los agentes involucrados, ciudadanos, empresas y las propias Administraciones Públicas. Para alcanzar estos objetivos el Proyecto engloba dos tipos de actuaciones: a) por un lado, el desarrollo de guías prácticas de reutilización; y b) por otro, actividades de formación y concienciación.
Las guías prácticas de reutilización son documentos de carácter práctico, orientados a facilitar la reutilización de la información a la Administración Pública. Las actividades de formación y concienciación tienen, a su vez, como objetivo difundir una cultura de reutilización en dicha institución y comprende la celebración de eventos, jornadas y sesiones informativas y de capacitación. Por tanto, todas las acciones que se realizan en el marco del Proyecto, ayudan a superar la ausencia de una cultura de Transparencia de la información del Sector Público en España, especialmente en el ámbito de nuestro estudio, en la Administración Pública.
El Portal Datos.gov es una iniciativa institucional de carácter nacional, que partiendo del Proyecto Aporta, organiza y gestiona el denominado Catálogo de Información Pública del Sector Público. Dicho Catálogo nacional permite acceder, desde un único punto común, a los distintos Sitios Webs y recursos telemáticos de casi todo el Sector Público, encargados de ofrecer información pública de utilidad para los ciudadanos. El Portal, de acceso abierto para profesionales, empresas, gestores institucionales y ciudadanos, pretende que los actores y beneficiarios principales de la reutilización de la información pública lancen nuevos modelos de negocio, que se modernicen las instituciones para mejorar las prestaciones de servicios a los ciudadanos y que se creen plataformas de Transparencia, colaboración y participación social.
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