CORA son las iniciales con las cuales se conoce a la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, creada en 2012 por el Gobierno y que pretende guiar "una ambiciosa senda reformista, para acometer la radiografía más minuciosa que se ha hecho del Sector Público en las últimas décadas en España".
La Comisión se adscribe al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Está presidida por el Subsecretario de la Presidencia y corresponde la vicepresidencia a la Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Publicas, mientras que la secretaría es desempeñada por el Director General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Los miembros que componen la Comisión son: un representante de cada uno de los departamentos ministeriales, con rango mínimo de Director General; un representante de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno; un representante del Gabinete de la Presidencia del Gobierno; y un representante del Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia.
Además, se ha constituido un Consejo Asesor en el que están representados diferentes instituciones: el Defensor del Pueblo, las organizaciones empresariales y representativas de empleados públicos (CC.OO., UGT, CSIF, FEDECA, CEOE-CEPYME), el Consejo de Consumidores y Usuarios, la Asociación de Trabajadores Autónomos, el Instituto de Empresa Familiar, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y la Asociación Española de Empresas de Consultoría. Asimismo, se ha abierto un buzón de participación ciudadana a través del cual se han recibido 2.239 sugerencias en materia de duplicidades y simplificación administrativa, que igualmente se están mostrado muy útiles para detectar materias susceptibles de mejora.
En cuanto a su funcionamiento interno, en el seno de la Comisión se han creado las siguientes Subcomisiones: Duplicidades administrativas, la cual tiene por objeto identificar y eliminar duplicidades y reforzar los mecanismos de cooperación, de modo que se abarate el coste de la actividad administrativa; Simplificación administrativa, quien revisa las trabas burocráticas que dificultan la tramitación de los procedimientos administrativos con el fin de conseguir una reducción de los mismos y se integran aquí los proyectos en curso en la Dirección General de Modernización Administrativa; Gestión de servicios y medios comunes, la cual tiene por objeto centralizar actividades de gestión que, por ser similares o de la misma naturaleza, puedan desempeñarse de forma unificada o coordinada, aprovechando así en mayor medida los medios públicos; y Administración institucional, quien analiza la distinta tipología de entes que la componen y se revisa el marco normativo.
Hasta ahora, el trabajo que ha desempeñado CORA desde su creación se ha plasmado en un Informe publicado en Junio de 2013, en el que se recogen un total de 218 propuestas de medidas de modernización de las que 140 afectan al Estado y a las Comunidades Autónomas (CC.AA) y 78 exclusivamente a la Administración General del Estado (AGE). De estas 218 medidas, 11 tienen carácter general y horizontal para todos los ámbitos de la Administración Pública; 118 tienden a eliminar duplicidades con las CC.AA y dentro del Estado; 43 eliminan trabas, simplifican los procedimientos y facilitan el acceso de los ciudadanos a la Administración; 38 mejoran la gestión de los servicios y medios comunes; y 8 racionalizan la Administración Institucional, tanto en el plano normativo como mediante la supresión e integración de 57 entidades públicas estatales.
Las líneas estratégicas de mejora abarcan cuatro ámbitos claramente definidos en el citado Informe:
Cabe destacar que, recientemente, se ha aprobado el Real Decreto 479/2013, de 21 de Junio, mediante el cual se crea la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración. Esta Oficina surge con el objetivo de velar por la ejecución de las medidas incluidas en el Informe CORA, asumir su seguimiento, impulso y coordinación, y, en su caso, proponer nuevas medidas de modernización.
La Comisión se adscribe al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Está presidida por el Subsecretario de la Presidencia y corresponde la vicepresidencia a la Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Publicas, mientras que la secretaría es desempeñada por el Director General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Los miembros que componen la Comisión son: un representante de cada uno de los departamentos ministeriales, con rango mínimo de Director General; un representante de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno; un representante del Gabinete de la Presidencia del Gobierno; y un representante del Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia.
Además, se ha constituido un Consejo Asesor en el que están representados diferentes instituciones: el Defensor del Pueblo, las organizaciones empresariales y representativas de empleados públicos (CC.OO., UGT, CSIF, FEDECA, CEOE-CEPYME), el Consejo de Consumidores y Usuarios, la Asociación de Trabajadores Autónomos, el Instituto de Empresa Familiar, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y la Asociación Española de Empresas de Consultoría. Asimismo, se ha abierto un buzón de participación ciudadana a través del cual se han recibido 2.239 sugerencias en materia de duplicidades y simplificación administrativa, que igualmente se están mostrado muy útiles para detectar materias susceptibles de mejora.
En cuanto a su funcionamiento interno, en el seno de la Comisión se han creado las siguientes Subcomisiones: Duplicidades administrativas, la cual tiene por objeto identificar y eliminar duplicidades y reforzar los mecanismos de cooperación, de modo que se abarate el coste de la actividad administrativa; Simplificación administrativa, quien revisa las trabas burocráticas que dificultan la tramitación de los procedimientos administrativos con el fin de conseguir una reducción de los mismos y se integran aquí los proyectos en curso en la Dirección General de Modernización Administrativa; Gestión de servicios y medios comunes, la cual tiene por objeto centralizar actividades de gestión que, por ser similares o de la misma naturaleza, puedan desempeñarse de forma unificada o coordinada, aprovechando así en mayor medida los medios públicos; y Administración institucional, quien analiza la distinta tipología de entes que la componen y se revisa el marco normativo.
Hasta ahora, el trabajo que ha desempeñado CORA desde su creación se ha plasmado en un Informe publicado en Junio de 2013, en el que se recogen un total de 218 propuestas de medidas de modernización de las que 140 afectan al Estado y a las Comunidades Autónomas (CC.AA) y 78 exclusivamente a la Administración General del Estado (AGE). De estas 218 medidas, 11 tienen carácter general y horizontal para todos los ámbitos de la Administración Pública; 118 tienden a eliminar duplicidades con las CC.AA y dentro del Estado; 43 eliminan trabas, simplifican los procedimientos y facilitan el acceso de los ciudadanos a la Administración; 38 mejoran la gestión de los servicios y medios comunes; y 8 racionalizan la Administración Institucional, tanto en el plano normativo como mediante la supresión e integración de 57 entidades públicas estatales.
Las líneas estratégicas de mejora abarcan cuatro ámbitos claramente definidos en el citado Informe:
- Disciplina presupuestaria y transparencia pública.
- Racionalización del Sector Público, con la supresión de órganos y entidades duplicadas, ineficientes o no sostenibles.
- Mejora de la eficiencia de las Administraciones Públicas.
- Administración al servicio de los ciudadanos y de las empresas.
Cabe destacar que, recientemente, se ha aprobado el Real Decreto 479/2013, de 21 de Junio, mediante el cual se crea la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración. Esta Oficina surge con el objetivo de velar por la ejecución de las medidas incluidas en el Informe CORA, asumir su seguimiento, impulso y coordinación, y, en su caso, proponer nuevas medidas de modernización.
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