CORA: La Comisión para la Reforma de las AA.PP

CORA son las iniciales con las cuales se conoce a la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, creada en 2012 por el Gobierno y que pretende guiar "una ambiciosa senda reformista, para acometer la radiografía más minuciosa que se ha hecho del Sector Público en las últimas décadas en España".

La Comisión se adscribe al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Está presidida por el Subsecretario de la Presidencia y corresponde la vicepresidencia a la Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Publicas, mientras que la secretaría es desempeñada por el Director General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Los miembros que componen la Comisión son:  un representante de cada uno de los departamentos ministeriales, con rango mínimo de Director General; un representante de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno; un representante del Gabinete de la Presidencia del Gobierno; y un representante del Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia. 

Además, se ha constituido un Consejo Asesor en el que están representados diferentes instituciones: el Defensor del Pueblo, las organizaciones empresariales y representativas de empleados públicos (CC.OO., UGT, CSIF, FEDECA, CEOE-CEPYME), el Consejo de Consumidores y Usuarios, la Asociación de Trabajadores Autónomos, el Instituto de Empresa Familiar, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y la Asociación Española de Empresas de Consultoría. Asimismo, se ha abierto un buzón de participación ciudadana a través del cual se han recibido 2.239 sugerencias en materia de duplicidades y simplificación administrativa, que igualmente se están mostrado muy útiles para detectar materias susceptibles de mejora.

En cuanto a su funcionamiento interno, en el seno de la Comisión se han creado las siguientes Subcomisiones: Duplicidades administrativas, la cual tiene por objeto identificar y eliminar duplicidades y reforzar los mecanismos de cooperación, de modo que se abarate el coste de la actividad administrativa; Simplificación administrativa, quien revisa las trabas burocráticas que dificultan la tramitación de los procedimientos administrativos con el fin de conseguir una reducción de los mismos y se integran aquí los proyectos en curso en la Dirección General de Modernización Administrativa; Gestión de servicios y medios comunes, la cual tiene por objeto centralizar actividades de gestión que, por ser similares o de la misma naturaleza, puedan desempeñarse de forma unificada o coordinada, aprovechando así en mayor medida los medios públicos; y Administración institucional, quien analiza la distinta tipología de entes que la componen y se revisa el marco normativo. 

Hasta ahora, el trabajo que ha desempeñado CORA desde su creación se ha plasmado en un Informe publicado en Junio de 2013, en el que se recogen un total de 218 propuestas de medidas de modernización de las que 140 afectan al Estado y a las Comunidades Autónomas (CC.AA) y 78 exclusivamente a la Administración General del Estado (AGE). De estas 218 medidas, 11 tienen carácter general y horizontal para todos los ámbitos de la Administración Pública; 118 tienden a eliminar duplicidades con las CC.AA y dentro del Estado; 43 eliminan trabas, simplifican los procedimientos y facilitan el acceso de los ciudadanos a la Administración; 38 mejoran la gestión de los servicios y medios comunes; y 8 racionalizan la Administración Institucional, tanto en el plano normativo como mediante la supresión e integración de 57 entidades públicas estatales. 

Las líneas estratégicas de mejora abarcan cuatro ámbitos claramente definidos en el citado Informe:

• Disciplina presupuestaria y transparencia pública.
• Racionalización del Sector Público, con la supresión de órganos y entidades duplicadas, ineficientes o no sostenibles.
• Mejora de la eficiencia de las Administraciones Públicas.
• Administración al servicio de los ciudadanos y de las empresas.

Cabe destacar que, recientemente, se ha aprobado el Real Decreto 479/2013, de 21 de Junio, mediante el cual se crea la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración. Esta Oficina surge con el objetivo de velar por la ejecución de las medidas incluidas en el Informe CORA, asumir su seguimiento, impulso y coordinación, y, en su caso, proponer nuevas medidas de modernización.

La información en el Sitio Web de la Excma. Diputación Provincial de Burgos

Tanto la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Público (en adelante LAE), como el Real Decreto 1671/2009, de 6 de Noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la citada Ley (en adelante RDLAE), regulan todo lo concerniente a los Sitios Web o Sedes Electrónicas de las Administraciones Públicas en España y de ellas se desprende lo relativo a su definición, contenido mínimo y servicios. El artículo 10.1 de la LAE define Sede Electrónica como “aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias”.  

El artículo 3 y ss. del RDLAE regula el contenido mínimo que debe tener una Sede Electrónica y que es el siguiente: el ámbito de aplicación; la identificación de la dirección electrónica; la identificación de su titular, así como del órgano u órganos encargados de la gestión y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos; la identificación de los canales de acceso a los servicios disponibles, incluyendo el mapa de la Sede, en el que se especifique la estructura de navegación, las distintas secciones disponibles, así como información relacionada con la propiedad intelectual; los medios habilitados para la formulación de sugerencias y quejas y cualquier otra circunstancia que se considere conveniente para su correcta identificación fiabilidad de la misma; los servicios de asesoramiento electrónico al usuario para su la correcta utilización; el sistema de verificación de los certificados; y las normas de creación del registro o registros electrónicos accesibles desde la Sede.

El artículo 6 de la RDLAE recoge aquellos servicios que, de forma básica, deben incluirse en la Sede Electrónica y son: una relación de todos los servicios disponibles; la carta de servicios del órgano y la carta de servicios electrónicos; los medios electrónicos al alcance de los ciudadanos para poder comunicarse con la Administración; un enlace para la formulación de sugerencias y quejas si son competentes para ello; el acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, a la publicación de los diarios o boletines o a la publicación electrónica de actos y comunicaciones que deban publicarse en tablón de anuncios o edictos; la verificación de los sellos electrónicos; la comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos; y la indicación de la fecha y hora oficial.

Tal y como afirman PASTOR ALBADALEJO, G., y GARCÍA SOLANA, M. J., los Sitios Web ofrecen nuevas posibilidades a las organizaciones públicas en vista a innovar en su dimensión interna y en su dimensión externa, pues  estos instrumentos permiten renovar los servicios públicos en línea con una mayor exigencia y la calidad. Esto lleva consigo el replanteamiento de sus propios fines organizativos y el innicio de una orientación hacia los ciudadanos. 

El Sitio Web de la Excelentísima Diputación Provincial de Burgos cumple con los requerimientos normativos previstos anteriormente e incluye diversos tipos de información que puede analizarse atendiendo a varias categorías: información general, pudiendo ser ésta relativa al municipio o relativa a la organización; información de servicios; información relacional; e información participativa. Antes de entrar en dicho análisis, conviene destacar que, según los últimos datos recogidos en el Indice de Transparencia de las Diputaciones (INDIP) elaborado en 2012 por Transparencia Internacional, la Diputación de Burgos no se caracteriza, precisamente, por haber obtenido una valoración positiva de la información que ofrece en su Sitio Web (INDIP de 47, 5%), aunque no es de las peor puntuadas. Si tenemos en cuenta la puntuación obtenida en cada una de las cinco áreas informativas analizadas por esta organización,  en Información sobre Diputación obtiene una puntuación de 54,2%, en Relaciones con los ciudadanos 91,7%, en en Transparencia económico-financiera 4%, en Transparencia en las contrataciones de servicios  100% y en Transparencia en materias de servicios y apoyo a municipios 63,8%.

Volviendo a la categorización hecha con anterioridad, podemos analizar cuatro tipos de información en el Sitio Web de la Excma. Diputación Provincial de Burgos:

INFORMACIÓN GENERAL

Se refiere a aquel tipo de información que da una idea sobre quién es Diputación y en qué marco provincial se encuadra. Así, en el Sitio Web podemos encontrar datos referentes a la provincia en cuanto a su historia, geografía, escudo, población, datos socioeconómicos, mapa interactivo, pueblos, zonas turísticas, partidos judiciales, mancomunidades, alimentos, monumentos y lugares de interés, fiestas y tradiciones, espacios naturales, exposiciones, etc.; y a la organización en cuanto a su presidencia, órganos de gobierno, actas de juntas, presupuestos, áreas de actuación, sedes y centros, imagen institucional, tablón de anuncios, convenios, plenos, etc. Enmarcada dentro de lo que podríamos considerar comunicación externa, la información general que ofrece la Diputación Provincial de Burgos podría ser mejorada en aspectos relacionados con recursos humanos o normativa vigente, aunque tiene la ventaja que se encuentra disponible facilmente para el ciudadano.

INFORMACIÓN DE SERVICIOS

Se refiere a aquel tipo de información sobre las prestaciones de que dispone y los servicios que pueden disfrutar los ciudadanos, lo que ofrece. En el Sitio Web se ha creado un menú específico con información sobre servicios para el ciudadano: ayudas y subvenciones, empleo público, firma y verificación de documentos, formación, planeamiento urbanístico. bibliobús, planes provinciales de empresas, etc. También se han creado dos menús concretos por título "Otros servicios y organismos" e "Incidencias", donde los ciudadanos pueden obtener información concreta de servicios personales por áreas y urbanos, así como de las instituciones que los prestan. Por otra parte, podemos encontrar un cuarto menú llamado "Servicios a ayuntamientos", creado específicamente para ellos, lo cual facilita enormemente la cooperación y la colaboración interadministrativa. Sin embargo, si tenemos en cuenta cómo se lleva la prestación del servicio público, nos encontramos con servicios, en su mayoría, de interacción o de interacción bilateral, siendo los menos numerosos los de transacción, pese a tener un menú específico de sede electrónica. Mención aparte requiere la creación de un servicio de trbutación online, donde ciudadanos y empleados públicos pueden tramitar electrónicamente sus expedientes de cobro y de pago en su totalidad.

INFORMACIÓN RELACIONAL

Se refiere a aquel tipo de información a la cual se puede acceder desde el propio Sitio Web pero que pertenece a otras instituciones públicas y, en su mayoría, incluidas en el organigrama de la Diputación de Burgos. Se ha creado un enlace concreto para ello, pero también se tiene acceso a estos enlaces desde cualquier posición dentro del Sitio Web. En especial, se puede acceder a un link propio de cada área de actuación en Diputación. Información bastante completa en este punto, aunque convendría delimitar qué enlaces públicos o privados pueden incluirse en un Sitio Web institucional.

INFORMACIÓN PARTICIPATIVA

Se refiere a aquel tipo de información con la que los ciudadanos puedan participar en dicha institución, haciéndola más democrática y legitimándola. En este sentido, el Sitio Web de Diputación no es muy completo, pues solo ofrece un buzón de sugerencias electrónico de fácil visibilidad.  

En definitiva, quizás convendría determinar qué información se debe incluir en los Sitios Web porque la normativa es bastante laxa al respecto. En relación a la información que se recoge en el Sitio Web de la Excelentísima Diputación Provincial de Burgos, ésta es suficiente pero mejorable, sobre todo en lo que se refiere a datos económico-financieros, disponibilidad de servicios electrónicos de transacción, presentación de la información y contenidos en otros idiomas.

La eAdministración: una oportunidad para la reconversión

Tal y como define la Comisión Europea, por Administración Electrónica entendemos "el uso de las TIC en las Administraciones Públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas". Partiendo de esta definición, a nivel politológico, la Administración Pública Electrónica podría estructurarse en torno a tres enfoques completamente diferenciados: como un instrumento con el que mejorar las diferentes fases del análisis de políticas públicas; como un elemento constructivo de políticas ya existentes; o como una política pública concreta y singular. 

Para GARCÍA MARÍN, J. A., la Administración Electrónica se configura "no sólo como un instrumento al servicio de las políticas públicas tradicionales, sino que entra en simbiosis con las mismas, obligando a su reconfiguración, no sólo de su forma, sino también de su alcance y, al final, de sus propios objetivos", tal y como se observa al analizar políticas tales como la calidad en la gestión pública, el gobierno abierto o la inclusión social. 

Por ello, el propio autor afirma que la eAdminsitración no es un fin en sí misma sino un medio con el que mejorar la prestación de los servicios públicos, centrada en la satisfacción de necesidades sociales recomponiendo los desacuerdos que puedan surgir en la toma de decisones y que el verdadero avance va a residir en la capacidad que tengan los poderes públicos de superar las barreras competenciales que impiden el desarrollo de los servicios integrados, transformando de este modo la Administración Pública tradicional.

Los servicios públicos online son el instrumento más a mano del que pueden valerse los poderes públicos para reconvertir el proceso prestacional al ciudadano, legitimar su actuación, recuperar la confianza institucional, cooperar para conseguir su integración y fomentar la participación pública en los asuntos de interés general. En este sentido, podemos observar datos en torno a la implantación de estos servicios online en España y así comparar el grado de reconversión de cada Comunidad Autónoma o de cada Ayuntamiento en España, como muestra el Informe Anual 2012 de la Fundación Orange sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información en España.

 

Un Portal de Acceso General para la e-Administración

Tal y como establece la Comisión Europea, la e-Administración supone “el uso de las TIC en las Administraciones Públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas”.  

Por tanto, hablar de Administración Electrónica es también hablar de e-Democracia en la prestación online de los servicios públicos, relacionándolo con las posibilidades de participación del mismo, un problema que afecta a la dimensión política. A un Estado democrático ha de corresponder una Administración Pública coherente con sus ciudadanos y responsable en su funcionamiento. Por eso, la Administración Electrónica sirve para motivar su transparencia y la participación de la sociedad en lo público, lo cual conduce igualmente a una corresponsabilidad en las decisiones administrativas.

Es por ello por lo que  sugiero la propuesta de creación de un Punto de Acceso General a los e-servicios en España, puesto que fomentando el uso de las TIC en la Administración Pública, se consigue combinar cambios organizativos y procesos democráticos, mejorando la calidad y la prestación de los servicios públicos.

Esta propuesta ya se está aplicando en países como Canadá –a partir de la plataforma "Service Canada"- o como Francia –desde la plataforma "Service Public.fr"-. En ambos, existe una plataforma única  que informa y orienta al ciudadano en sus relaciones con la Administración Pública. La plataforma es única para todas las instituciones públicas de país y de fácil manejo, con capacidad para agrupar todos los servicios electrónicos comunes disponibles para los ciudadanos canadienses y franceses, creando tramitaciones y procedimientos estandarizados y facilitando el servicio, la rapidez, la eficiencia y la buena gestión pública.

El Punto de Acceso General constituye el mecanismo idóneo de adaptación plena de la Administración Pública a los nuevos requerimientos de la Sociedad de la Información, consiguiendo que las TIC no sean un fin en sí mismas sino un medio para mejorar el Back Office y el Front Office de la Administración Pública.

Por una parte y en relación al Front Office, se está incrementando -de forma muy significativa-, el número de ciudadanos y empresas que utilizan los e-servicios, el volumen de gestión administrativa electrónica, la calidad de ésta y el número de canales online que pueden ser utilizados para tramitar los expedientes. Así, el Punto de Acceso puede ayudar a la prestación del servicio público al ciudadano, un ciudadano cada vez más exigente y cada vez más capaz de exigir responsabilidad, sugerir y participar en los asuntos públicos.

Por otra parte y haciendo alusión al Back Office, el uso masivo de los servicios electrónicos supone una oportunidad de transformación y modernización de las Administraciones Públicas, que trae consigo eficacia, transparencia, ahorro económico, mejoras medioambientales, reducción de cargas administrativas y simplificación de procedimientos, transformando a las organizaciones y fomentando la cooperación y colaboración entre las mismas.

Es por ello por lo que el Punto de Acceso General puede configurarse como un elemento estratégico que optimice la disponibilidad y el uso de los e-servicios que ofrece la Administración Electrónica, superando los obstáculos y garantizando su calidad y prestación y el sentido de lo público en las sociedades actuales.

Via Oberta: una e-Administración al servicio del ciudadano

Via Oberta es un proyecto nacido de la Administración Pública para mejorar la prestación de los servicios públicos al ciudadano a través de la aplicación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Via Oberta es una plataforma de cooperación inter-administrativa, que agiliza y simplifica procesos y que beneficia a toda la ciudadanía y al Sector Público. Las Administraciones Públicas que utilizan los servicios de Vía Oberta, disponen de un canal para obtener, por medios electrónicos, los datos y los documentos que obran en poder de otras Administraciones, cuando éstos son necesarios para la tramitación administrativa de su competencia.

Las Administraciones Públicas que quieren utilizar los servicios de la aplicación y acceder a los datos y los documentos electrónicos en poder de otras Administraciones deben cumplir una serie de pasos muy sencillos. Primero, necesitan adherirse al Convenio Marco de Interoperabilidad, el cual establece el marco jurídico y organizativo que regula el funcionamiento y las condiciones de intercambio de datos y documentos electrónicos entre las Administraciones catalanas suscritas. Posteriormente, se designa a un responsable de interoperabilidad. Por último, se debe solicitar el acceso a los servicios de Via Oberta a través de los formularios que se pueden descargar del Sitio Web del Consorcio.  

Los principales beneficios que se pueden extraer de la implantación de Via Oberta son los siguientes: ahorro de desplazamientos innecesarios que corresponderían a los ciudadanos, las empresas y las organizaciones en sus relaciones con la Administración Pública, reducción del tiempo de respuesta de la Administración, seguridad jurídica a la hora de tramitar expedientes, disminución del coste ecológico de la tramitación, etc. 

Los resultados obtenidos tras la aplicación de Via Oberta, han sido muy positivos. En la actualidad, hay más de 600 entes públicos de carácter local y autonómico adheridos al Convenio y éstos representan en torno al 85% de la población catalana: ayuntamientos, consorcios, diputaciones, comarcas, consejerías, etc. En lo que respecta a los ciudadanos, más de la mitad de la población catalana se dirige a sus Administraciones Públicas online y viceversa, siendo las notificaciones telemáticas las que están teniendo un mayor incremento.

PADGETS: acercar el proceso político al ciudadano

El derecho al libre desarrollo del ser humano solo puede conseguirse dentro de una sociedad participativa, donde se fomenten las líneas de acción públicas centradas en el ciudadano y donde éste tenga capacidad suficiente para tener un peso sustancial en el proceso de elaboración de las políticas. 

Así, la participación pública puede definirse como la práctica seguida por los responsables políticos de consultar a los ciudadanos a la hora de definir la agenda gubernamental, la toma de decisiones y el fomento de la actividad de las organizaciones e instituciones responsables del desarrollo democrático y político. Y es precisamente el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación lo que permite cumplir con estas finalidades.

PADGETS es una experiencia desarrollada por cinco Estados de la Unión Europea -Grecia, Italia, Reino Unido, Alemania y Eslovenia-, para involucrar a los ciudadanos en el proceso de formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas, dentro del entorno virtual en el que se suelen manejar diariamente y en los medios de comunicación y redes sociales preferidos. Comenzó a desarrollarse en 2010 y cuenta con el respaldo de la Comisión Europea.

PAGDETS es un neologismo que surge de la unión de dos conceptos diferentes: política y gadget. Se ha construido con la finalidad de conseguir aplicaciones que ayuden a una rápida composición de cómo se está llevando a cabo una determinada política pública, cuál es la percepción que tiene de la misma el ciudadano y las alternativas de cambio que puedan plantearse.

Los objetivos que se consiguen con la aplicación de PADGETS son: proporcionar, a los ciudadanos y a los medios de comunicación, un acceso fácil propuestas de políticas y de gestión de servicios públicos; aprovechar los efectos positivos de las redes sociales en el proceso de formulación de políticas públicas, creando espacios de intercomunicación instantánea para que participen los ciudadanos en los asuntos que les afecten; aumentar la confianza ciudadana en los poderes públicos y la transparencia a través de canales públicos de comunicación de fácil accesibilidad; y ayudar a los decisores públicos en la predicción del impacto de las medidas que quieren adoptar en interés general, etc.

A través de un Padget, cualquier política que los responsables gubernamentales quieran implementar, puede convertirse en una aplicación online visible, cercana, accesible, reutilizable y transmisible para el completo conocimiento por los usuarios de aquella información que el decisor público quiera lanzar. Su consulta puede deberse a varios motivos: estar informados; hacerse oír en todo el proceso de elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas; comunicar sus acciones, planes o proyectos, etc. 

El funcionamiento general de PADGET es muy sencillo. El decisor político crea esta aplicación de forma rápida y muy intuitiva. La aplicación responde al mensaje, discurso, acción o proyecto que se quiera lanzar para captar la opinión ciudadana en torno al mismo. Una vez creado, el Padget se cuelga de cualquier red social, medial e institucional que el responsable político decida (normalmente, aquellas de mayor afluencia por parte de los usuarios). El usuario conectado a estas redes, accede a la aplicación y se van generando ciclos de retroalimentación y transmisión de opiniones en torno a la formulación, implementación o evaluación de las políticas públicas. Posteriormente, la información generada se recopila por el decisor político y basándose en ella, define, modifica o suprime las líneas de gobierno sobre las que se está trabajando. 

Con PADGETS, los responsables políticos son capaces de llegar a grandes segmentos de la población, sin necesidad de costes elevados y manteniendo una presencia institucional en las redes sociales más utilizadas. Se fomenta también la confianza política y la transparencia gubernamental.