El papel de las Agencias Públicas Estatales

La Ley 28/2006, de 18 de Julio, de Agencias Públicas Estatales para la Mejora de los Servicios Públicos, (LAGE) define estas Agencias como "entidades de Derecho público, dotadas de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultadas para ejercer potestades administrativas, que son creadas por el Gobierno para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias". Están dotadas de los mecanismos de autonomía funcional, responsabilidad por la gestión y control de resultados. Es decir, de entre los fenómenos que acontecen en el nuevo entorno de la gestión pública, las Agencias son nuevas estructuras organizativas que buscan fórmulas gerenciales más flexibles y eficaces, que se muestren lo más próximas posibles al lugar de provisión de los servicios públicos.

En este sentido, un ejemplo de mejora organizacional lo constituye el denominado proceso de “agencificación”, mediante el cual las Administraciones Públicas están reconfigurando sus procedimientos a partir de la creación de organismos de gestión directa con personalidad jurídica diferenciada, como un intento de dar respuesta al modelo Weberiano de gestión centralizada. La agencificación, como técnica de especialización vertical, profundiza en la descentralización funcional de la gestión de las Administraciones Públicas, con el objeto de conseguir su mayor autonomía, flexibilidad y eficacia. Las Agencias deben permitir simplificar y racionalizar la “galaxia organizativa” ecxistente hoy en día, donde coexisten una pluralidad de entes distorsionados que configuran la Administración Pública en un escenario de “diversidad tipológica y heterogeneidad institucional” (ÁLVAREZ CARREÑO, S.).
 
El Sector Público de España, aunque tarde, no ha sido ajeno a esta técnica de mejora organizativa, pues el legislador estatal aprobó, en 2006, la citada norma específica con la que regular y desarrollar las Agencias Estatales de mejora de los servicios públicos en nuestro país. Así, la LAGE establece la obligación de crear doce Agencias pero hasta el momento sólo se han constituido ocho: La Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE), la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), la Agencia Estatal Antidopaje (AEA), la Agencia Estatal Meteorológica (AEMET) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Se encuentran, pues, pendientes de constitución cinco Agencias que son: Inmigración y Emigración; Seguridad del Transporte Terrestre; Artes Escénicas y Musicales; Investigación en Biomedicina y Ciencias de la Salud Carlos III; y Evaluación, Financiación y Prospectiva de la Investigación Científica y Técnica.
 

Como nota de interés, especial transcendencia tiene el último Informe -presentado en Junio de 2013-, de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (conocido como Informe CORA), pues propone que, para llevar a cabo la estrategia de reforma administrativa, es necesario proceder a un rediseño de la organización actual del Sector Público, creando una estructura de gobernanza que facilite la obtención de los objetivos de consolidación y la gestión de los medios comunes. En este modelo se propone la creación de una Agencia específica como organismo encargado de consolidar y desarrollar un catálogo de servicios horizontales para la prestación de los servicios comunes a toda la Administración Pública, así como de racionalizar los desarrollos de infraestructuras y servicios sectoriales. 

Pero el cambio organizativo, para que sea posible, debe impregnar todas las dimensiones de una organización pública -socio-técnica, político-cultural y control y de mejora-, eso que RAMIÓ MATAS, C. ha denominado “cambio total”, imprescindible en el actual mundo globalizado y siempre siendo conscientes de la situación de la que partimos, de los medios con los que contamos y de las oportunidades que tenemos. Así, “la dificultad de conseguir el cambio organizativo en el Sector Público se agudiza si tomamos en consideración el hecho de que todas las organizaciones tienden a mantener cierta estabilidad o inmutabilidad y para ello se dotan de normas. La elevada tendencia al estatismo propia de entidades complejas muy normativizadas hace que tiendan más a adaptaciones marginales antes que a cambios fundamentales”.