Profesionalizar la Función Pública en España.

La Función Pública es un elemento de primer orden a la hora de abordar las transformaciones de las organizaciones, entendidas ésta como un conjunto de arreglos institucionales comprendidos por normas, estructuras, pautas, procesos, cultura y prácticas que remiten a una gestión correcta y adecuada del capital humano en el ámbito público para que esté al servicio de los ciudadanos. Por eso, para reconfigurar un Estado que entendemos Social y Democrático de Derecho, no basta con que los empleados públicos hagan su trabajo –en base al Principio de Legalidad y atendiendo a la legitimidad de origen del sistema institucional-, sino que se les exige que, además, lo hagan de la mejor manera posible –conforme al Principio de Eficacia y atendiendo a la legitimidad de ejercicio del sistema institucional-.

Podemos fechar la institucionalización de Función Pública Profesional en 1978 con el reconocimiento expreso de los principios de mérito y capacidad pero podemos añadir que dicha Función no responde a estos dos únicos principios sino que se acompaña de otros como la igualdad, la publicidad o la imparcialidad y, a medida que avanza la sociedad, se van incorporando otros muchos con los que enriquecer su contenido como pueden ser los de racionalidad y proporcionalidad, eficacia o ética en la prestación del servicio público por parte de los empleados.

El mérito y la capacidad son aplicables no solo en el momento de acceso a la Función Pública sino que prolongan su vigencia a lo largo de la vida del empleado público, haciéndose patentes en el establecimiento de los sistemas de provisión de puestos de trabajo y en el sistema de carrea administrativa y de promoción interna. Del mismo modo, no basta con que dichos principios sean reconocidos sino que los mismos deben desarrollarse para alcanzar un nivel de concreción del que se derive un grado de exigencia y cumplimiento relevantes –tarea más propia, quizás, de los legisladores autonómicos-. Por eso, podemos hablar de ciertos supuestos conflictivos en los que no está tan claro el cumplimiento de la profesionalidad del empleado público.

Quizás, podamos establecer es una serie de principios consustanciales a la Función Pública Profesional -a parte del mérito y la capacidad-, que ayuden a definir a los empleados públicos de cualquier ámbito y especialidad, como puede ser la integridad, la imparcialidad, la eficacia y la legitimidad. La creación de instituciones para la meritocracia  en los Estados puede ayudarnos a profundizar en la excelencia del servicio público al ciudadano, prestado por empleados públicos profesionales en sistemas homogéneos de Función Pública