Algunas cifras sobre el Capital Humano Público

Una de las formas de entender la importancia que tiene del Capital Humano en las Administraciones Públicas es cifrar con datos estadísticos la repercusión que sobre las organizaciones tienen sus empleados, analizando cuestiones relativas a su distribución territorial, el sexo, la categoría profesional o la carrera administrativa. No sin antes reconocer la falta de rigor y verosimilitud que planea actualmente sobre los porcentajes que se publican en torno a la Función Pública –aunque provengan incluso de instituciones político-administrativas-, la Administración General del Estado suele actualizar, con carácter periódico, los datos sobre los efectivos públicos en el ámbito nacional. El último Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (en adelante BEP) elaborado por el registro Central de Personal en Enero de 2013, contiene información relevante al respecto y que nos puede ayudar a hacernos una pequeña idea de la importancia del Capital Humano Público.

Por haceros una idea general de la distribución de personal al servicio de las Administraciones Públicas en España, conviene señalar que, según el ya aludido BEP recientemente publicado, las Comunidades Autónomas son las que más personal tienen empleado, con 50, 7% respecto del total. Las áreas con más efectivos son sanidad (20, 4%) y docencia no universitaria (19, 1%) y la que tiene menos fuerzas de seguridad (1%). El Estado cuenta con el 22, 2% del total de efectivos nacionales, siendo la Administración General del Estado la que alcanza la cifra más elevada (8, 9%) y dentro de ella los ministerios y los Organismos Autónomos quienes están más nutridos (en torno al 90% del total para ella). Las fuerzas y cuerpos de seguridad emplean al 5, 7%, las fuerzas armadas al 4, 8% y la Administración de Justicia al 1%. Las Entidades Locales cuentan con una cifra de efectivos del 21, 2% respecto de la cifra total, siendo las diputaciones las que ocupan al 2, 4% y los ayuntamientos al 18, 9% Terminan el registro las universidades, que incluyen al 5, 8% del total de efectivos estatales en sus filas.

Si nos detenemos en analizar las cifras sobre la variación de efectivos del conjunto de Administraciones Públicas, vemos cómo en todas ellas se han producido reducciones en el número de empleados. La reducción más significativa es la experimentada por las Administración de las Comunidades Autónomas, con un 45,23% respecto del total, seguida con un 29, 42% de la Administración de las Entidades Locales, del 15, 48% de la Administración del Estado y, al menos significativa, ha sido la de las universidades con un 9, 86% de reducción de plantilla respecto de las cifras registradas en Julio de 2012. Los resultados deben ser interpretados con cierta cautela, pues no es menos cierto que las reducciones de efectivos son más elevadas en aquellas organizaciones que tienen contratado también mayor número de empleados.

Los actuales ajustes, exigidos por razones económicas, financieras y presupuestarias, están corrigiendo algunos de los defectos del sistema de empleo público pero a costa de reducir la calidad de los servicios. Estos ajustes, además, no inciden en las verdaderas causas de los desequilibrios estructurales sino que lo hacen de manera parcial y coyuntural en algún elemento secundario. Esto supone que si las decisiones adoptadas a la luz de los acontecimientos se están limitando a recortes en el número de efectivos y en las retribuciones, los problemas no se superan sino que pasada la crisis vigente, volveríamos a lo mismo o incluso peor, con la reducción de servicios públicos y de prestaciones. Como señala SÁNCHEZ MORÓN, M. (2012), “para resolver los problemas de nuestro sistema de empleo público no bastan los ajustes, sino que son imprescindibles las reformas”.  

Si analizamos la distribución territorial de efectivos en las Comunidades Autónomas y el sexo de los mismos, lo primero que llama la atención es que son más mujeres (1.374.362) que hombres (1.202.384), aunque la diferencia no es significativa. En la tabla, los datos de efectivos aparecen ordenados de mayor a menor, siendo Andalucía, Madrid y Cataluña las autonomías más dotadas. Las cifras, siendo las que son, tiene que considerarse en un contexto global, es decir, también es verdad que estas Comunidades son también las que tienen mayor densidad de población y, por tanto, requerirán de más servidores público para prestar con calidad los bienes. Las Comunidades Autónomas con menos empleados - dejando a un lado las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla-, son Cantabria y La Rioja. Cabe destacar en este punto que las Autonomías uniprovinciales, como es lógico, contratan a menos personal a su servicio, a excepción de Madrid. 

Haciendo alusión a las provincias con más Capital Humano Público, las tres más dotadas serían Barcelona (213.645), Valencia (126.222) y Sevilla (116.025) y las tres menos dotadas serian Soria (7.836), Palencia (10.586) y Teruel (10.353). Por último, los empleados públicos que trabajan en el extranjero alcanzan la cifra de los 9.625. En este sentido, comentario similar al autonómico merecen, pues, aquellas provincias con más densidad de población alcanzan mayores cifras de empleo público y las menos densas, menor empleo público.

En cuanto a la clase profesional, destaca que en todas ellas son más las mujeres que los hombres las que están contratadas, cifra sobre todo significativa en el caso de otro tipo de personal. Este último tipo supone el dato más bajo respecto del total de efectivos públicos contratados (12, 09%), seguido de personal laboral (23, 79%) y de los funcionarios de carrera (64, 11%). Aún así, merece especial mención el hecho de que casi un tercio del total de la plantilla pública no sea funcionarial.

En lo que respecta al subgrupo profesional por edad y sexo, el C1 (58.938) es quien más personal tiene, seguido del C2 (42.228), del A2 (25.585), del A1 (19.965) y del E (398). Por tanto, la mayor parte de los efectivos no cuenta con una cualificación especial y no ocupa puestos de mayor responsabilidad y profesionalización. Destaca también el hecho de que en los subgrupos superiores sean más hombres que mujeres quienes los ocupen mientras que en los inferiores sean más mujeres que hombres quienes los desempeñen. Si a este comentario añadimos el dato referente a los niveles de complemento de destino, pasa exactamente lo mismo. Los niveles 28, 29 y 30 son ocupados mayoritariamente por hombres mientras que los niveles 14, 15, 16, 17 y 18 son ocupados mayoritariamente por mujeres. En lo que respecta a la edad, la franja que va desde los 50 a los 59 años de edad tiene, para cualquier subgrupo, el mayor número de efectivos a disposición de la Administración Pública. La franja por debajo de los 30, la que menos. Esta diferencia en edad va a ser cada vez más dilatada si tenemos en cuenta las tasas de reposición en la Función Pública que se están aplicando en la actualidad.

El análisis de la distribución de efectivos en la Administración Pública española muestra que solo el 3% de los empleados públicos ocupan puestos de gran cualificación profesional y complejidad de desempeño frente a la gran mayoría cuya cualificación no es tan rigorosa. Las cifras muestran cómo la organización de personal no es la más apropiada para hacer frente a las necesidades actuales y futuras de la Administración Publica, ya que los empleados públicos están envejeciendo y no existen tasas de reposición con las que actualizar y nutrir el servicio público. Los datos reflejan también una grave desproporción interna, con escasez de personal para llevar a cabo tareas complejas como pueden ser el diseño y el análisis de políticas o el control y la evaluación de resultados, entre otras. De otra parte, se evidencia la existencia de un sobredimensionamiento de las plantillas en lo que se refiere a los efectivos destinados a llevar a cabo actividades de apoyo administrativo.