La Comunidad Autónoma de Cataluña creó, en 2006, el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (IVALUA). IVALUA es un consorcio público que está compuesto por varias instituciones: el Gobierno de Cataluña, a través del Departamento de Economía y Conocimiento y como promotor de la iniciativa; la Diputación de Barcelona; la Universidad Pompeu Fabra; la Fundación Jaume Bofill; el Consejo Interuniversitario de Cataluña; y el Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña.
La finalidad de IVALUA se centra en promover la evaluación de políticas públicas y de programas de las Administraciones Públicas, de las organizaciones privadas y del tercer sector social en Cataluña, para mejorar la efectividad, la eficiencia y la transparencia en las políticas públicas ofrecidas al ciudadano, examinando el rendimiento de las instituciones.
El Instituto centra su trabajo, de manera especial, en cinco líneas estratégicas básicas, cada una de ellas con unos objetivos concretos de actuación: 1) Sensibilización de actores clave, promoviendo que los políticos, los directivos, los responsables públicos, el personal técnico, los representantes económicos y sociales y los propios ciudadanos tengan una percepción positiva de la evaluación en las organizaciones y sepan de su gran importancia; 2) Generación de capacidad para la evaluación, familiarizando a los responsables públicos con los conceptos básicos, los métodos y las técnicas propias de la evaluación, capacitando técnicamente a los gestores y decisores públicos para que realicen evaluaciones eficaces y pertinentes, promoviendo la inclusión de la función evaluadora dentro de los organigramas y de los puestos de trabajo de las organizaciones o creando y difundiendo métodos y técnicas de evaluación y de herramientas de gestión propias, utilizando evaluaciones de referencia y otros recursos útiles que faciliten e impulsen su práctica; 3) Fomento de la realización y uso de evaluaciones de calidad, realizando proyectos orientados a la introducción sistemática de la evaluación en el Sector Público, promoviendo el establecimiento de incentivos para la realización de evaluaciones voluntarias y periódicas o asegurando la calidad en la oferta de evaluadores que se lleve a cabo y en las evaluaciones que realicen; 4) Difusión pública de los resultados de las evaluaciones, asegurando la difusión pública de las evaluaciones mediante la adaptación de los contenidos, canales y formatos que se utilizan por diferentes públicos; y 5) Seguimiento y consecuencias del desarrollo de la evaluación.
Dentro del Instituto, se ha creado una Red de Unidades de Análisis y Evaluación, de carácter informal, en las Administraciones Públicas Autonómica y Locales. El funcionamiento de la Red es flexible y orientado a resultados. Con esta Red de trabajo, las organizaciones disponen de un espacio de comunicación, de intercambio de experiencias y de reflexión conjunta acerca de la formulación, la planificación, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas en la Comunidad Autónoma. La Red, además, posibilita la detección de nuevos retos, oportunidades y necesidades que se generan en torno a la evaluación en las Administración Pública y sirve para explorar conjuntamente las diversas formas de dar respuesta a las mismas.
IVALUA colabora, a nivel nacional, para impulsar la evaluación en la Administración General, Autonómica y Local, a través de un Grupo de Trabajo Multidisciplinar. En el mismo, participan las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Islas Baleares, Navarra, País Vasco y Valencia, junto con la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En este sentido, IVALUA se encarga de coordinar, desde Noviembre de 2009, el Grupo que se enmarca, a su vez, dentro de la red estatal inter-administrativa de calidad de los servicios públicos promovida por AEVAL. Los objetivos del Grupo son: identificar los elementos más significativos para fomentar el desarrollo de la evaluación en los ámbitos estatal, regional y municipal; intercambiar información sobre estrategias y actividades concretas que los miembros del Grupo prevean llevar a cabo; y desarrollar proyectos conjuntos que permitan aprovechar, de forma eficiente, las capacidades, experiencias y recursos en la materia.
Por otra parte, el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas posee un Centro de Documentación. El fondo de este centro está compuesto por dictámenes, informes, guías, etc., relacionados con los ámbitos de la administración y de la gestión pública, de la modernización administrativa y, especialmente, de la evaluación de las políticas públicas. Actualmente, el Centro guarda más de 600 documentos en distintos soportes y esta cifra se renueva constantemente.
Uno de los aspectos más reseñables de IVALUA es el denominado Banco de Evaluadores. Este Banco funciona a modo de base de datos de expertos en evaluación de políticas públicas. Su principal finalidad es identificar y acercar a las Administraciones Públicas la oferta de conocimiento experto existente sobre evaluación de políticas públicas y, de esta manera, promover la realización de mejores y más numerosas evaluaciones en la Comunidad. Además, el Banco busca fomentar el conocimiento mutuo entre los evaluadores registrados, con el fin de potenciar la constitución de grupos multidisciplinares.
La finalidad de IVALUA se centra en promover la evaluación de políticas públicas y de programas de las Administraciones Públicas, de las organizaciones privadas y del tercer sector social en Cataluña, para mejorar la efectividad, la eficiencia y la transparencia en las políticas públicas ofrecidas al ciudadano, examinando el rendimiento de las instituciones.
El Instituto centra su trabajo, de manera especial, en cinco líneas estratégicas básicas, cada una de ellas con unos objetivos concretos de actuación: 1) Sensibilización de actores clave, promoviendo que los políticos, los directivos, los responsables públicos, el personal técnico, los representantes económicos y sociales y los propios ciudadanos tengan una percepción positiva de la evaluación en las organizaciones y sepan de su gran importancia; 2) Generación de capacidad para la evaluación, familiarizando a los responsables públicos con los conceptos básicos, los métodos y las técnicas propias de la evaluación, capacitando técnicamente a los gestores y decisores públicos para que realicen evaluaciones eficaces y pertinentes, promoviendo la inclusión de la función evaluadora dentro de los organigramas y de los puestos de trabajo de las organizaciones o creando y difundiendo métodos y técnicas de evaluación y de herramientas de gestión propias, utilizando evaluaciones de referencia y otros recursos útiles que faciliten e impulsen su práctica; 3) Fomento de la realización y uso de evaluaciones de calidad, realizando proyectos orientados a la introducción sistemática de la evaluación en el Sector Público, promoviendo el establecimiento de incentivos para la realización de evaluaciones voluntarias y periódicas o asegurando la calidad en la oferta de evaluadores que se lleve a cabo y en las evaluaciones que realicen; 4) Difusión pública de los resultados de las evaluaciones, asegurando la difusión pública de las evaluaciones mediante la adaptación de los contenidos, canales y formatos que se utilizan por diferentes públicos; y 5) Seguimiento y consecuencias del desarrollo de la evaluación.
Dentro del Instituto, se ha creado una Red de Unidades de Análisis y Evaluación, de carácter informal, en las Administraciones Públicas Autonómica y Locales. El funcionamiento de la Red es flexible y orientado a resultados. Con esta Red de trabajo, las organizaciones disponen de un espacio de comunicación, de intercambio de experiencias y de reflexión conjunta acerca de la formulación, la planificación, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas en la Comunidad Autónoma. La Red, además, posibilita la detección de nuevos retos, oportunidades y necesidades que se generan en torno a la evaluación en las Administración Pública y sirve para explorar conjuntamente las diversas formas de dar respuesta a las mismas.
IVALUA colabora, a nivel nacional, para impulsar la evaluación en la Administración General, Autonómica y Local, a través de un Grupo de Trabajo Multidisciplinar. En el mismo, participan las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Islas Baleares, Navarra, País Vasco y Valencia, junto con la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En este sentido, IVALUA se encarga de coordinar, desde Noviembre de 2009, el Grupo que se enmarca, a su vez, dentro de la red estatal inter-administrativa de calidad de los servicios públicos promovida por AEVAL. Los objetivos del Grupo son: identificar los elementos más significativos para fomentar el desarrollo de la evaluación en los ámbitos estatal, regional y municipal; intercambiar información sobre estrategias y actividades concretas que los miembros del Grupo prevean llevar a cabo; y desarrollar proyectos conjuntos que permitan aprovechar, de forma eficiente, las capacidades, experiencias y recursos en la materia.
Por otra parte, el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas posee un Centro de Documentación. El fondo de este centro está compuesto por dictámenes, informes, guías, etc., relacionados con los ámbitos de la administración y de la gestión pública, de la modernización administrativa y, especialmente, de la evaluación de las políticas públicas. Actualmente, el Centro guarda más de 600 documentos en distintos soportes y esta cifra se renueva constantemente.
Uno de los aspectos más reseñables de IVALUA es el denominado Banco de Evaluadores. Este Banco funciona a modo de base de datos de expertos en evaluación de políticas públicas. Su principal finalidad es identificar y acercar a las Administraciones Públicas la oferta de conocimiento experto existente sobre evaluación de políticas públicas y, de esta manera, promover la realización de mejores y más numerosas evaluaciones en la Comunidad. Además, el Banco busca fomentar el conocimiento mutuo entre los evaluadores registrados, con el fin de potenciar la constitución de grupos multidisciplinares.
Son numerosos los actores que se nutren del trabajo llevado a cabo por el Instituto como las Administraciones Públicas, las entidades que configuran el tercer sector; las universidades, los centros de investigación, los institutos universitarios, las empresas y redes de expertos que llevan a cabo trabajos de evaluación y las organizaciones que representan los intereses económicos, sociales y culturales de la sociedad civil. Por ello, puede decirse que la creación de este tipo de institutos autonómicos favorece la institucionalización de los procesos evaluadores en el Sector Público.
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