Ética en la Administración Pública

Tal y como afirma IRURZUN MONTORO, F., el papel de la ética en la Administración Pública "no es tanto servir de freno al comportamiento abiertamente ilegal, sino de procurar que el funcionario cuente en su trabajo diario con las herramientas necesarias para decidir en un caso concreto por el comportamiento que resulta más conforme a lo que de él espera una sociedad democrática". O lo que es lo mismo y utilizando palabras de CORTINA, A., el objetivo es conseguir funcionarios guiados por la idea de que frente al "Ethos burocrático" de quien se atiene al mínimo legal pide "Ethos profesional" la excelencia, porque su compromiso profesional no es el que le liga a la burocracia sino a las personas concretas cuyo beneficio da sentido a cualquier actividad e institución social.

En España, el Capítulo VI del Título III de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto  Básico del Empleado Público (art. 52, 53 y 54), contiene el Código de Conducta de los  Empleados Públicos, basado en 12 Principios Éticos y el 11 Principios de Conducta. Sin embargo, este instrumento cuasi-normativo no deja de tener un mero efecto placebo, pues deja inalteradas o impunes las reglas que pueden favorecer comportamientos indeseados. Tal y como afirma FERNÁNDEZ FARRERES, G., estas reglas "terminan por tranquilizar a los espíritus y dar imagen de seriedad y honradez a la correspondiente organización pública" pero nada más.

En Reino Unido encontramos, sin embargo, seis principios fundamentales sobre los cuales versa todo comportamiento que cabe esperar de los empleados públicos y que, con más incidencia y brevedad, configuran las reglas básicas a seguir dentro de la función pública: Integridad, comportándose de forma intachable, recta y proba; Honestidad, comportándose de forma decente, decorosa; Objetividad, actuando con independencia de la propia manera de pensar y de sentir; Imparcialidad, sin adherirse a niguna creencia o ideología; Responsabilidad, poniendo cuidado en lo que dice o hace, midiendo las consecuencias de sus actos, y Neutralidad, absteniéndose de entrar en temas políticos o ajenos al desempeño correcto de su puesto.

 

Sin embargo, un sistema como el británico resulta difícil de implantar en España porque el mismo es fruto de la construcción social, de la propia historia del país, de una cultura organizativa propia y fundamentadas en una escala de valores que dista mucho de la  propia de nuestro país.