Federalismo cooperativo en España

Frente a la imposibilidad histórica y práctica de establecer una federeación de ejecución en España, PEÑA DÍEZ, J. F. aboga por profundizar en el federalismo cooperativo, puesto que "la experiencia indica que la evolución hacia un mayor autogobierno, filosofía que preside la reciente reforma de los Estatutos de Autonomía no puede desvincularse de la necesaria reforma y profundización de los instrumentos de cooperación y coordinación; es necesaria, y en algún caso perentoria, la reforma de las instituciones estatales a los nuevos contenidos del autogobierno y a la realidad actual de la evolución de la sociedad".

El federalismo cooperativo no pone en riesgo el papel que juega cada Administración Pública territorial en el mapa de España sino que intensificaría y aclararía la labor de cada poder público en cada unidad de actuación pública. Esta arquitectura político-institucional no contribuiría a generar asimetrías entre el Estado central y los bloques federados, sino que su propósito sería garantizar cierta homogeneidad socioeconómica y colaboración permanente en el diseño y ejecución de las políticas públicas entre todas las Administraciones Públicas.

Este tipo de federalismo implica una distribución territorial del poder basada en la colaboración permanente entre la Federación (Administración General del Estado) y los bloques federados (Administraciones regionales y locales). Ello supondría que prácticamente todas las competencias sean concurrentes, salvo aquellas que siempre han sido propias del Estado central. De esta forma, se fortalecería el poder central, encargado éste de diseñar el marco legal de la ejecución de competencias pero con una intensa participación de los bloques federados en el proceso legislativo y la total ejecución de las mismas.

Como expone ALBERTI, E., el federalismo cooperativo arrancan con el New Deal para garantizar a los ciudadanos estadounidenses unas condiciones homogéneas de vida, con su aplicación posterior en Alemania en una idéntica dirección: “proporcionar y garantizar la uniformidad de las condiciones de vida a los ciudadanos de un Estado plural”.