La Ética Pública debe presidir cualquier actuación encaminada al interés general, al bien común. Por eso tenemos que definirla como un hacer colectivo en el que ciudadanos e instituciones generan pautas de conducta que permitan, no solo la autonomía y la libertad individual, sino también la colectiva y el desarrollo de la convivencia.
La transparencia en el Sector Público es la piedra angular de todo Ordenamiento Jurídico, al ser garante del Estado Social, Democrático y de Derecho que nuestra Norma Jurídica Suprema reconoce. La misma posibilita la medición del grado de autoconfianza, madurez, eficacia, coherencia, honestidad, buen hacer y confianza en las diversas instituciones político-administrativas que configuran el sistema. Aunque no basta la transparencia para lograr ser éticos, sí es cierto que ésta es condición necesaria –aunque insuficiente- para el desarrollo democrático. Un Estado que considera que su actuación es correcta, no tendrá problema alguno en que sus ciudadanos lo fiscalicen, desterrando de él todo secretismo y opacidad del pasado que pueda envolver a la información y al acceso a la misma.
El Acceso a la Información debe ser un derecho básico en toda democracia, así reconocido de manera garantista y con contenido pleno en el Ordenamiento Jurídico de cualquier país, que no restrinja ni limite hasta la asfixia la acción ciudadana sino que sirva para crear una sociedad participativa y fiscalizadora en el ámbito de lo público, una sociedad con principios éticos que renueven la confianza e impregne de ellos a las desafectas instituciones político-administrativas.
La información es materia prima y bien de primera necesidad en la Sociedad Tecnológica actual. Las Administraciones Públicas son las mayores productoras de información y deben encargarse de gestionar, de manera eficaz, los flujos documentales. Una correcta gestión de la información favorece tanto al Sector Público –puesto que simplifica, racionaliza los recursos informativos y posibilitan el intercambio de datos y le acerca a la sociedad–, como a los ciudadanos –ya que fomenta su participación pública, la toma de decisiones informadas y el control sobre las instituciones–.
Más allá de la técnica o la automatización del tratamiento de la producción informativa, la importancia de la documentación ha pasado a ser la gestión del conocimiento, esto es, el valor añadido que el activo intangible –sobre todo el capital humano- proporciona a la misma. Solo cuando la información se organiza, surgen las ideas, solo cuando contamos con una sociedad responsable e informada, podemos hablar de democracia y de ética como principio de buen gobierno para la consecución del interés general.
La transparencia en el Sector Público es la piedra angular de todo Ordenamiento Jurídico, al ser garante del Estado Social, Democrático y de Derecho que nuestra Norma Jurídica Suprema reconoce. La misma posibilita la medición del grado de autoconfianza, madurez, eficacia, coherencia, honestidad, buen hacer y confianza en las diversas instituciones político-administrativas que configuran el sistema. Aunque no basta la transparencia para lograr ser éticos, sí es cierto que ésta es condición necesaria –aunque insuficiente- para el desarrollo democrático. Un Estado que considera que su actuación es correcta, no tendrá problema alguno en que sus ciudadanos lo fiscalicen, desterrando de él todo secretismo y opacidad del pasado que pueda envolver a la información y al acceso a la misma. El Acceso a la Información debe ser un derecho básico en toda democracia, así reconocido de manera garantista y con contenido pleno en el Ordenamiento Jurídico de cualquier país, que no restrinja ni limite hasta la asfixia la acción ciudadana sino que sirva para crear una sociedad participativa y fiscalizadora en el ámbito de lo público, una sociedad con principios éticos que renueven la confianza e impregne de ellos a las desafectas instituciones político-administrativas.
La información es materia prima y bien de primera necesidad en la Sociedad Tecnológica actual. Las Administraciones Públicas son las mayores productoras de información y deben encargarse de gestionar, de manera eficaz, los flujos documentales. Una correcta gestión de la información favorece tanto al Sector Público –puesto que simplifica, racionaliza los recursos informativos y posibilitan el intercambio de datos y le acerca a la sociedad–, como a los ciudadanos –ya que fomenta su participación pública, la toma de decisiones informadas y el control sobre las instituciones–.
Más allá de la técnica o la automatización del tratamiento de la producción informativa, la importancia de la documentación ha pasado a ser la gestión del conocimiento, esto es, el valor añadido que el activo intangible –sobre todo el capital humano- proporciona a la misma. Solo cuando la información se organiza, surgen las ideas, solo cuando contamos con una sociedad responsable e informada, podemos hablar de democracia y de ética como principio de buen gobierno para la consecución del interés general.
No hay comentarios:
Publicar un comentario