Policy Networks en la lógica decisional pública

El acelerado y permanente desarrollo de la Sociedad Tecnológica, la complejidad de los valores, intereses y preferencias de los actores del sistema político, la diversidad que presenta hoy la agenda gubenamental, el alto grado de especialización de las demandas sociales, la creciente movilización de los intereses públicos y privados por actores cada vez más interdependientes en un escenario globalizado o la profunda transformación del Estado y su descentralización territorial son algunos de los factores que han contribuido a modificar el enfoque que se da a la lógica decisional pública. Las Policy Networks responden a este escenario de cambio continuado y se perfilan como la herramienta metodológica que mejor contribuye al análisis de las de decisiones de gobierno como productos de la democracia deliberativa. 

El concepto de Policy Networks o Redes de Políticas ha sido desarrollado por la doctrina desde múltiples perspectivas, siendo destacada la definición que introduce BENSON, K. J., al considerarlas como "un grupo o complejo de organizaciones conectadas entre sí por dependencias de recursos y distinguidas de otros grupos o complejos por rupturas en las estructuras de dependencia de recursos". Una definición más global, nos lleva a determinar a las Policy Networks como estructuras de cooperación horizantales,  formadas por conjuntos de actores públicos y privados -en que al menos uno de ellos en una institución político-administrativa responsable-, que establecen relaciones interorganizativas de dependencia mutua de forma estable, intercambiando una serie de recursos limitados y dispersos, con el objetivo común de participar especialmente en la formulación e implementación de una política pública.

   
La participación de los actores públicos y privados en la lógica decisonal pública es la pieza clave que da consistencia al análisis de políticas públicas a partir de las Policy Networks, pues como afirma VALLESPÍN, F., “Una decisión legítima no representa la voluntad de todos, sino que es más bien la que emana de la deliberación de todos”.

Desde que surgieran las Policy Networks en los años ochenta, numerosos autores han abordado el tema desde tres orientaciones básicas: corriente metafórica, corriente específica de gobierno y corriente mixta. La corriente metafórica -desarrollada por autores tales como DOWDING, K. y LEHMBRUCH, G.-, entienden la Policy Network como una noción neutral, general y descriptiva, aplicable a análisis político "macro" y "meso", sin necesidad de buscar una tipología concreta de intermediación de intereses entre los agentes que participan en el proceso decisional público. La corriente específica de gobierno -encabezada por KOOIMAN, J. y MAYNTZ, R.- se basa en el análisis sistémico, describiendo la realidad como un conjunto de subsistemas cerrados y autónomos que actúan entre sí como campos autorreferidos,  estableciéndose modelos de coordinación horizontales entre los actores de las Redes.- La corriente mixta -con autores tales como JORDANA, J.-, es una corriente relativamente novedosa y aún por explorar. Añade a la lógica sistémica de las Redes de Políticas un elemento temporal y pretende enraizarla con macroteorías para llegar a explicaciones más completas sobre la lógica decisional.

Así, las Policy Networks se presentan como una herramienta empírica de máxima relevancia en el análisis de políticas públicas, al tener en cuenta la relación entre actores públicos y privados, la agregación y la articulación de sus demandas y la incorporación de éstas al proceso decisional. En concreto, la herramienta cumple una doble finalidad: para la sociedad, supone la incorporación de sus intereses y preferencias al proceso de formulación e implementación de las políticas públicas; para las instituciones político-administrativas, supone conseguir resultados de gobierno consensuados previamente y  legitimidad y eficacia en la acción pública.

Para que la Policy Network pueda ser eficaz, debe ser capaz de activar a los actores y reunir los recursos necesarios sin que ninguno de los intereses afectados a la hora de adoptar una política pública quede fuera, de limitar los costes de interacción de los agentes, de conseguir un alto grado de convivencia y armonización entre las preferencias de los mismos y de ser conscientes de que el actor fundamental sigue siendo la institución político-administrativa que participe en el proceso, asumiendo los riesgos que puede suponer la disolución del poder político.