Ética Pública, Transparencia y Derecho de Acceso a la Información

La Ética Pública debe presidir cualquier actuación encaminada al interés general, al bien común. Por eso tenemos que definirla como un hacer colectivo en el que ciudadanos e instituciones generan pautas de conducta que permitan, no solo la autonomía y la libertad individual, sino también la colectiva y el desarrollo de la convivencia.

La transparencia en el Sector Público es la piedra angular de todo Ordenamiento Jurídico, al ser garante del Estado Social, Democrático y de Derecho que nuestra Norma Jurídica Suprema reconoce. La misma posibilita la medición del grado de autoconfianza, madurez, eficacia, coherencia, honestidad, buen hacer y confianza en las diversas instituciones político-administrativas que configuran el sistema. Aunque no basta la transparencia para lograr ser éticos, sí es cierto que ésta es condición necesaria –aunque insuficiente- para el desarrollo democrático. Un Estado que considera que su actuación es correcta, no tendrá problema alguno en que sus ciudadanos lo fiscalicen, desterrando de él todo secretismo y opacidad del pasado que pueda envolver a la información y al acceso a la misma.

El Acceso a la Información debe ser un derecho básico en toda democracia, así reconocido de manera garantista y con contenido pleno en el Ordenamiento Jurídico de cualquier país, que no restrinja ni limite hasta la asfixia la acción ciudadana sino que sirva para crear una sociedad participativa y fiscalizadora en el ámbito de lo público, una sociedad con principios éticos que renueven la confianza e impregne de ellos a las desafectas instituciones político-administrativas.

La información es materia prima y bien de primera necesidad en la Sociedad Tecnológica actual. Las Administraciones Públicas son las mayores productoras de información y deben encargarse de gestionar, de manera eficaz, los flujos documentales. Una correcta gestión de la información favorece tanto al Sector Público –puesto que simplifica, racionaliza los recursos informativos y posibilitan el intercambio de datos y le acerca a la sociedad–, como a los ciudadanos –ya que fomenta su participación pública, la toma de decisiones informadas y el control sobre las instituciones–. 

Más allá de la técnica o la automatización del tratamiento de la producción informativa, la importancia de la documentación ha pasado a ser la gestión del conocimiento, esto es, el valor añadido que el activo intangible –sobre todo el capital humano- proporciona a la misma. Solo cuando la información se organiza, surgen las ideas, solo cuando contamos con una sociedad responsable e informada, podemos hablar de democracia y de ética como principio de buen gobierno para la consecución del interés general.

"¿Por qué luchamos?"

Para un racionalista no hay lugar para "lo mejor dentro de las cicunstancias", sino solo un lugar para "lo mejor" porque la función de la razón es precisamente la superación de las circunstancias". OAKESHOTT, M.

 

"¿Por qué luchamos? es una serie de siete documentales encargados por los Estados Unidos de América durante la II Guerra Mudial como modo de instrucción a sus soldados para despertar en ellos su intervención armada en Europa.  Una intervención necesaria para sostener la amenazada integridad del hombre libre en cualquier parte del mundo,  demostrando que la democracia sí tiene convicciones por las que el pueblo estuviera dispuesto a arriesgar su vida. La ruptura con la libertad -base del sistema político norteamericano-, era motivo suficiente para emprender una guerra que justificara el fin a los medios, una guerra que comenzó con pequeñas batallas diplomáticas que ni siquiera honorables políticos ni afamadas instituciones de orden internacional supieron aplacar.

El poder desmedido surge, según ROUSSEAU, J. .J. cuando "para descubrir las mejores reglas sociales fuera preciso una inteligencia superior capaz de penetrar todas las pasiones humanas sin experimentar alguna; que conociese a fondo nuestra naturaleza sin tener relación alguna con ella; cuya felicidad fuese independiente de nosotros y por lo tanto desease ocuparse de la nuestra". Hitler supo aplicar una racionalidad perfecta a su acción política. Empezó por sabotear al enemigo desde el interior a través de manifestaciones subersivas, mostrándose implacable con todo cuanto no fuera afín a su causa, disuadiendo la legalidad vigente del momento y, lo más significativo, impidiendo que el pueblo pensara.

La racionalidad desmedida, desarraiga de hábitos y costumbre y sin más pretensión que lograr la perfección en sí misma sin medir costes y riesgos, llevó al nacismo alemán a querer conquistar el mundo. Esta dominación carismática surgió a modo de entusiasmo y esperanza para lograr que el pueblo alemán saliera de la grave crisis económica y social en la que se encontraba pero lo cierto es que va más allá de eso. No era encontrar una salida dentro de un escenario adverso, no se trataba de buscar lo menos malo dentro de las circunstancias del país sino que se trataba de una auténtica búsqueda de indentidad, de ruptura manifiesta con todo lo que caracterizada al Estado hasta ese momento, de un camino emprendido hacia lo mejor entendido por un fanático líder, de un proyecto civilizador global, de un cambio profundo del orden social.

Los dcumentales amplían estas ideas y explican con mucho acierto qué instrumento utilizó Hitler para conseguir sus fines y fue la geopolítica. Gran conocedor de las tácticas militares y reconociendo la importancia que tiene la mano de obra y las materias primas en el desarrollo de un país, el dictador basó su estrategia en la conquista de los recursos naturales de sus enemigos y en la posición territorial que éstos ocupaban para asegurarse victorias en el frente.

En realidad, la ambición personal por la perfección para un racionalista se desmantela en su aplicación social, en el error de la experiencia humana con el que somos capaces de seguir creciendo y con el que volvemos a componer el puzzle de la vida. Porque, en palabras del propio OAKESHOTT, M. "mientras que el racionalista sabe que es una victoria, su oponente no la reconoce como una derrota".

 

Contratación Pública Verde (CPV)

Aproximadamente el 12% del total del Producto Interior Bruto de España y cerca del 18% del PIB de la Unión Europea proviene de la Contratación Pública, tal y como podemos extraer del índice Government at a Glance (GaG). No solo se trata de la importacia económica  de la contratación del Sector Público sino que se trate de que éste lidere el cambio de rumbo en la sociedad hacia un consumo más responsable y proambiental. La adquisición de productos fungibles, la promoción de la eficiencia energética en los edificios y organizaciones o la gestión sostenible del transporte público no solo deben mostrar viabilidad a nivel presupuestario sino que además deben ajustarse a un comportamiento ético de la Administración Pública para mejorar el servicio que presta a los ciudadanos. A ello ayuda lo que se conoce como Contratación Pública Verde.

 
La Contratación Pública Verde, Ecológica o Sostenible se puede definir como aquel proceso llevado a cabo por el Sector  Público en el que se toman en consideración criterios ambientales. Así, la contratación  no tiene en cuenta exclusivamente la mejor oferta económica (criterio del precio), sino que establece unos requisitos mínimos de sostenibilidad para su adjudicación, utilizando una pluralidad de criterios valorativos  relacionados con los materiales y productos usados o adquiridos, los métodos y procedimientos en la ejecución de los contratos y el comportamiento ambiental de los fabricantes, proveedores y suministradores de los mismos. 

 

En la Unión Europea, la Contratación Pública Ecológica (CPE) viene regulada, con carácter básico, en la Comunicación COM (2008) 400 final, de 26 de Julio de 2008, sobre Contratación Pública para un Medio Ambiente Mejor. Con ello, Europa pretende fomentar una contratación pública que suponga un medio eficaz de promoción de los productos y servicios respetuosos con el medio ambiente y que impulse la innovación ecológica, contribuyendo así al desarrollo sostenible en diez sectores prioritarios: construcción; alimentación y servicios de restauración; transporte; energía; material de oficina y ordenadores; ropa y otros textiles; papel y servicios de impresión; mobiliario;  productos y servicios de limpieza; y equipos sanitarios.

En España, la Contratación Pública Verde (CPV) ha sido reconicida legislativamente en la Orden PRE/116/2008 de 21 de Enero, por el que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministro por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Verde. De la misma manera, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público recoge la necesidad de un uso sostenible de los recursos naturales en este ámbito. 

Las Comunidades Autónomas están incluyendo en su agenda la Contratación Pública Ecológica, aprobando Manuales y Guías de orientación que les ayuden a establecer este nuevo sistema en la adquisición de bienes y servicios que lleven a cabo. Un ejemplo es el Manual de Compra y Contratación Pública Verde para el uso eficaz de los recursos naturales y económicos, publicado en Noviembre de 2012 por el  Gobierno Vasco.

Una manera más completa de definir la Contratación Verde es como lo hace la Guía de Contratación Pública Sostenible de Navarra, a partir de tres conceptos fundamentales:

• Una compra ética: se debe exigir a los productores y suministradores ciertas garantías en el proceso, como puede ser el cumplimiento de unas condiciones laborales dignas, la lucha contra el trabajo infantil o el apoyo expreso a las iniciativas y productos de Comercio Justo. 
• Una compra verde: para incorporar requerimientos medioambientales en la contratación como la eficiencia energética, el uso de productos reutilizables, el empleo de energías renovables, la minimización de emisiones, la adecuada gestión de residuos, etc.
• Una compra social: hay que considerar aspectos como la calidad en el empleo, la perspectiva de género, la contratación de personas con discapacidad o la contratación de empresas de inserción y centros especiales de empleo.

Por tanto, la utilización de la Contratación Pública Verde no solo debe encargarse de reducir considerablemente la emisión de gases de efecto invernadero o suponer un ahorro económico importante para las arcas públicas, sino que –y lo más importante-, debe ser un ejemplo al orientar la conducta de los operadores privados hacia estándares de protección ambiental configurando desde lo público verdaderas tendencias de producción y consumo.

El Sector Público puede convertirse, de esta manera, en todo un ejemplo de cómo se pueden producir bienes y suministrar servicios sin renunciar a la eticidad en la consecución del interés general.
 

La ética en el Mensaje Real de Navidad 2012

El  Mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey fue seguido por cerca de 6,92 millones de espectadores, lo que representó el 64,4% de cuota de pantalla en todas las cadenas que lo emitieron. La cifra de por sí ya es significativa, puesto que revela uno de los peores datos de audiencia de los últimos diez años del monarca en su tradicional discurso. La explicación podemos encontrarle en diversos factores, uno de ellos es la manifiesta falta de interés ciudadano por lo que a la Casa Real respecta. Además, para aquellas personas que sí siguieron el discurso en televisión, éste pareció no cumplir con las expectativas generadas y decepcionó su parco contenido tras vivir un convulso año 2012 en lo referido a la situción de España -en general- y también a la complicada realidad de la Casa Real -en particular-. 

Ante la falta de confianza político-institucional de los españoles, la figura del monarca debiera servir para arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones, transmitiendo algo más que buenas intenciones y generando un sentimiento colectivo de consecución del bien común. Y aunque en el artículo 56.3 de la Constitución Española señala que la persona del rey es inviolable y, además, no está sujeta a responsabilidad, ello no exime al Jefe del Estado de cumplir con ciertos presupuestos éticos como la honradez, la integridad y la ejemplaridad que, hasta ahora, han quedado en entredicho.

Dejando a un lado la idoneidad o no del discurso y el contexto en el que éste tiene lugar, un fragmento de interés que puede extraerse de la intervención del monarca es aquel que hace mención a la ética desde dos acepciones diferentes: "Quiero reivindicar la política grande, esa que para destacar su dignidad y valor solemos llamar la política con mayúsculas (...) La que sabe renunciar a una porción de lo suyo para ganar algo mayor y mejor para todos (...) La que se cimenta en el espíritu de servicio y se acomoda a los principios de la ética personal y social ".  

En este mismo sentido, podemos definir la ética personal como el grado de honestidad con uno mismo, desde un comportamiento individual, y la ética social desde la experiencia colectiva, como comportamiento apropiado en colectividad y como aquella que lleve al cumplimiento del interés general.

Por ello, considero que, si bien la finalidad a perseguir es el principio de ética social, es necesario entender el proceso desde lo personal para depués alcanzarlo desde lo colectivo, logrando que el individuo sea consciente de las consecuencias que se genera de los actos que realiza y, de este modo, obtenga el dominio de sí mismo (ética personal) para poosteriormente actuar en favor de la comunidad política (ética social).

En palabras de CORTINA, A., “En apropiarse de las mejores posibilidades vitales para forjarse un buen carácter consiste la sabiduría ética, y a esa necesidad originaria de elegirlo llamamos libertad en un sentido básico. Puesto que estamos condenados a ser libres, a tener que elegir, lo más inteligente es hacer buenas elecciones, forjarse un buen carácter, que es a fin de cuentas en lo que consiste ser bueno”.

Hay que predicar con el ejemplo.