Una España federal en una Europa federal

Personas del mundo cultural, académico, artístico, periodístio y político, entre otros, han hecho público un manifiesto por "Una España federal en una Europa federal", declaración en la que defienden una reforma federal de la actual Constitución Española de 1978, pues consideran que la federación es el modo "natural" de culminar el Estado Autonómico, y que llevaría a todos los ciudadanos a ejercer su "derecho a codecidir", sobre cualquier acuerdo que se adopte en esta materia para que sientan como suyo el pacto de convivencia pacífico. 

El aludido manifiesto abre el debate hacia un tema de candente actualidad en la política española, que suscita sentimientos encontrados y problemas sociales a los que se les debe dar una respuesta consensuada, sosegada, compartida, sin que puedan mantenerse por más tiempo posiciones inmovilistas que muestren una “ceguera imperdonable”. Declaraciones como la que nos ocupa son necesarias que se efectúen para mantener viva la democracia, pues demuestran a ciudadanos implicados en las causas políticas de convivencia social, en construir el futuro de su vida colectiva.

Comparto en plenitud los puntos que trata el manifiesto, en la necesaria reforma constitucional, en el avance hacia un modelo de Estado federal decidido por todos y de unidad en la diversidad identitaria. Considero que los ciudadanos están en su derecho, y además tienen la obligación, de definir conjuntamente su desarrollo en sociedad, desde el consenso y la deliberación simétrica de las posturas que defienden, y con el firme propósito de llegar a puntos de acuerdo en común que les alejen de sus diferencias.

Por centrar la atención en algún postulado concreto de la Declaración a que hacemos alusión, me parece de sumo interés incidir en el Principio de Lealtad Institucional, el cual debe presidir «las relaciones entre las diversas instancias de poder territorial y constituye un soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico y cuya observancia resulta obligada" (F.J. 11 de la STC 239/2002). De este modo, implica que las decisiones tomadas por todos los entes territoriales (en España, por el Estado y por las Comunidades Autónomas), tengan como referencia necesaria la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y que, en consecuencia, no se tomen aquéllas que puedan menoscabar o perturbarlos.

El artículo 2 de la Constitución Española de 1978, tras hacer mención expresa se la indisoluble unidad de la Nación española, reconoce y garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Por ello, vertebrar Unidad y Autonomía en un mismo Estado, no resulta nada sencillo. Es notorio que ambos principios solo pueden ser efectivos si se ponen en práctica con subordinación de las partes y del todo al Principio de Lealtad Institucional, que solo puede ser entendido desde el reconocimiento recíproco por los ciudadanos de la legítima existencia de las partes (Comunidades Autónomas), pero también del todo (Estado) a partir del cual, se ha posibilitado y legitimado la existencia de todas ellas. 

Creo que el debate político actual se centra demasiado en lo que desune a las distintas identidades que, desde la diversidad, conforman la unidad española, siendo lo más importante buscar puntos de entendimiento y encuentro común que mejoren la vida colectiva de todos. Declaraciones como esta ayudan a repensar el futuro de la sociedad.