¿Crisis o agotamiento del Estado de Bienestar?

El actual Estado Social, Democrático y de Derecho está aquejado de una crisis crónica, que dura en el tiempo, pero no sufre de agotamiento o está consumido. Tal y como manifiesta el Profesor Canales (2013), dicha crisis no supone su muerte sino que el presente es el tiempo idóneo para preguntarnos qué papel asume el Estado en la sociedad, sin desechar el protagonismo cualificado que adquiere esta entidad organizativa en todo sistema político moderno. Nadie parece dudar de la democracia como modelo político válido en la sociedad, aunque se discrepe sobre el grado, la forma y la intensidad con la que los ciudadanos deban participar en el sistema. Tampoco se parece dudar del carácter asistencial mínimo del Estado en la prestación de determinados servicios considerados básicos para el ser humano. Sin embargo, ¿qué mecanismos aseguran la convivencia pacífica del ciudadano en sociedad? ¿Por qué necesitan las constituciones de los Estados, siendo ésta las Normas Fundamentales, ser revisadas y adaptadas a la realidad?  

Considero que es esa crisis en el elemento de Soberanía del Estado en general, la que produce una crisis en el modelo de Estado de Bienestar, particularmente considerado. La soberanía no posee un cuerpo uniforme en el ente organizativo superior, sino que se difumina hacia otras instituciones a tenor de los procesos de integración y globalización supraestatales. En este sentido Velázquez & Pérez (2010: 112) afirman que "en un contexto global altamente interconectado, muchos de los dominios tradicionales de actividad y responsabilidad estatal no pueden ser regidos sin recurrir a formas internacionales de cooperación”. El Estado ya no monopoliza la soberanía. De igual modo, Farge (2007: 48), considera que la entrada en un nuevo orden social produce un nuevo orden político y que la refundición intelectual y moral del Estado Providencia parece convertirse en la condición para su supervivencia, a partir de la mejor articulación de la práctica democrática. 

Por tanto, comparto la visión ofrecida por Aguilera (2012: 5), cuando afirma que las constituciones de los Estados, deben avanzar en su contenido sustantivo y no tanto en el material, entendiendo por contenido sustantivo el conjunto de derecho y libertades que facilitan el desarrollo del ser humano en sociedad, pero no considerando los mismos desde la individualidad, sino desde el ejercicio colectivo, el cual asegura la subsistencia de las comunidades y permite que trasciendan a todos las decisiones políticas pactadas.

El verdadero reto del Estado de Bienestar estriba en su capacidad para desarrollar un nuevo orden jurídico universal (el neoconstitucionalismo), donde se superen las jerarquías de los Ordenamientos Jurídicos nacionales, donde se desnacionalicen los Derechos Humanos, donde se mantengan situaciones de igual a igual en la comunidad internacional y, sobre todo, donde se supere la regresiva identidad y se camine hacia la afirmación de toda persona en lo que es y debe ser en cualquier lugar del mundo: un ciudadano dotado de unos mismos derechos y libertades. 

De esta manera, se cumpliría el legado de Habermas, al considerar que la moral no se encuentra por encima del Derecho, sino que emigra al interior del mismo pero sin agotarse explícitamente en él, por lo que el Estado, como fuente legitima de producción jurídica (legalidad), es válido (legitimidad), cuando provoca el acomodo de los ciudadanos (legitimación), en la realidad que la que habitan a través de procesos participados en los que lleguen al consenso, y donde se asegure su posición simétrica de derecho y libertades.

Una España federal en una Europa federal

Personas del mundo cultural, académico, artístico, periodístio y político, entre otros, han hecho público un manifiesto por "Una España federal en una Europa federal", declaración en la que defienden una reforma federal de la actual Constitución Española de 1978, pues consideran que la federación es el modo "natural" de culminar el Estado Autonómico, y que llevaría a todos los ciudadanos a ejercer su "derecho a codecidir", sobre cualquier acuerdo que se adopte en esta materia para que sientan como suyo el pacto de convivencia pacífico. 

El aludido manifiesto abre el debate hacia un tema de candente actualidad en la política española, que suscita sentimientos encontrados y problemas sociales a los que se les debe dar una respuesta consensuada, sosegada, compartida, sin que puedan mantenerse por más tiempo posiciones inmovilistas que muestren una “ceguera imperdonable”. Declaraciones como la que nos ocupa son necesarias que se efectúen para mantener viva la democracia, pues demuestran a ciudadanos implicados en las causas políticas de convivencia social, en construir el futuro de su vida colectiva.

Comparto en plenitud los puntos que trata el manifiesto, en la necesaria reforma constitucional, en el avance hacia un modelo de Estado federal decidido por todos y de unidad en la diversidad identitaria. Considero que los ciudadanos están en su derecho, y además tienen la obligación, de definir conjuntamente su desarrollo en sociedad, desde el consenso y la deliberación simétrica de las posturas que defienden, y con el firme propósito de llegar a puntos de acuerdo en común que les alejen de sus diferencias.

Por centrar la atención en algún postulado concreto de la Declaración a que hacemos alusión, me parece de sumo interés incidir en el Principio de Lealtad Institucional, el cual debe presidir «las relaciones entre las diversas instancias de poder territorial y constituye un soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico y cuya observancia resulta obligada" (F.J. 11 de la STC 239/2002). De este modo, implica que las decisiones tomadas por todos los entes territoriales (en España, por el Estado y por las Comunidades Autónomas), tengan como referencia necesaria la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y que, en consecuencia, no se tomen aquéllas que puedan menoscabar o perturbarlos.

El artículo 2 de la Constitución Española de 1978, tras hacer mención expresa se la indisoluble unidad de la Nación española, reconoce y garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Por ello, vertebrar Unidad y Autonomía en un mismo Estado, no resulta nada sencillo. Es notorio que ambos principios solo pueden ser efectivos si se ponen en práctica con subordinación de las partes y del todo al Principio de Lealtad Institucional, que solo puede ser entendido desde el reconocimiento recíproco por los ciudadanos de la legítima existencia de las partes (Comunidades Autónomas), pero también del todo (Estado) a partir del cual, se ha posibilitado y legitimado la existencia de todas ellas. 

Creo que el debate político actual se centra demasiado en lo que desune a las distintas identidades que, desde la diversidad, conforman la unidad española, siendo lo más importante buscar puntos de entendimiento y encuentro común que mejoren la vida colectiva de todos. Declaraciones como esta ayudan a repensar el futuro de la sociedad.

La voluntad del cuerpo soberano

La Soberanía se define como la forma ordenadora de la vida común de los ciudadanos, la suprema autoridad del poder público. Ésta, encarnada en el pueblo, justifica el ejercicio de la coacción legítima, la razón de convivencia pacífica en sociedad. Por eso resulta tan importante mantener la confianza ciudadana en las instituciones, siendo aquéllas los ejes que vertebran en Estado con organización política básica, pues si no son capaces de asegurar su desarrollo humano, no tendrá sentido la acción que desempeñan para la sociedad. Como bien apunta Skinner (2010: 19), se precisa la “exigencia más amplia de que bajo todas las formas de gobierno legítimas, los derechos de la soberanía deben permanecer alojados siempre en la Universitas del pueblo, en el cuerpo del Estado”.

¿Qué hacer cuando la voluntad de los representantes, cuando sus acciones no se corresponden con la voluntad general, toda vez que Hobbes señala que el ciudadano tiene que autorizar dichas acciones como si fueran las suyas propias? ¿Qué hacer cuando un gobierno cambia todo aquello por lo que el pueblo decidió que era apto para desempeñar sus funciones? No puede deslegitimarse el Estado como forma de organización social, pues constituye la estructura consolidada que da forma al desarrollo del ser humano en sociedad. Afortunadamente, si podemos manifestar nuestra disconformidad con la actuación de los representantes que se encargan de dirigir el destino de la vida común de los ciudadanos, pues el sistema político-administrativo vigente habilita mecanismos a tal fin, siendo la garantía del derecho de sufragio activo y pasivo en que cobra mayor relevancia.

Sin embargo, estos mecanismos son escasos y de uso puntual más que rutinario. Debiéramos avanzar más en este línea y ser capaces de generar mayor participación ciudadana en política para que resuelvan y sientan como suyas las decisiones que se adopten en el ámbito público. A su vez, debieran fortalecerse la exigencia de responsabilidad hacia quienes, haciendo uso de las instancias políticas, se olvidan de procurar el bien común en favor de sus intereses particulares. 

Ninguna democracia puede olvidarse de la voluntad del cuerpo soberano, de la voluntad del pueblo reunido. De lo contrario, no podría denominarse como tal y las instituciones, vertebradas en el Estado, no serían dignas mandatarias del poder público. Por encima del interés particular, siempre prevalece el bien común. 

Función de las elecciones en democracia

Podemos decir que los procesos electorales son condiciones indispensables para que pueda producirse la democracia como forma de gobierno, al menos como la entendemos en la actualidad al incluir el calificativo de representativa. A su vez, es dentro de la cultura política propia de cada comunidad donde podemos encontrar la justificación más relevante para determinar qué modelo electoral que se ha regulado para la misma. Sin embargo, lo que sí comparten todos los procesos electorales son una serie de funciones propias y características que legitiman su existencia.

WIART señala algunas de las funciones específicas que cumplen las elecciones en democracia:

• Permiten regular los conflictos político y sociales de una manera pacífica y legítima y, además, mucho menos costosa.
• Constituyen una forma muy razonable de seleccionar a los líderes políticos, aunque no por ello perfecta.
• Permiten a los ciudadanos sentir que tienen la posibilidad de aceptar o rechazar las políticas que les ofrecen los grupos conformadores de intereses generales para, de este modo, ejercer cierto control sobre el proceso decisional del gobierno.
• Brindan al elector su capacidad de veto para aquellos políticos cuyo historial no ha sido bueno o cuya conducta dista mucho de ser la más apropiada.
• Ayudan a forjar lealtades hacia un gobierno. 

SÁNCHEZ MEDERO incluye otras tres funciones que cumplen las elecciones en democracia muy interesantes, que podemos añadir a las ya descritas:

• Función de identificación integradora, pues las elecciones contribuyen a la formación del sentido de comunidad política y a la conciencia de un interés común compartido, más allá de las potenciales rupturas de carácter individual o grupal. Es decir, contribuyen a formar intereses colectivos.
• Función educativa, pues las elecciones sirven para procesos de socialización política, que electores y elegidos aprendan unos de otros en un proceso de retroalimentación constante.
• Función consultiva, pues las elecciones fomentan en los ciudadanos la inquietud y les impulsan a examinar las distintas alternativas que se presentan. 

Cabe señalar que las funciones específicas de las elecciones pueden depender de las condiciones políticas, sociales e institucionales de cada comunidad, de la cultura política de cada una de ellas o de factores estructurales como el sistema social, político o de partidos. Así, en sociedades heterogéneas, las elecciones pueden fomentar la función de representación justa, superando las diferencias entre los miembros que la componen incluyendo a todos en la toma de decisiones. Por el contrario, en sociedades homogéneas, las elecciones pueden estimular la competencia entre partidos políticos

La Democracia Deliberativa de Habermas

Jürgen Habermas, filósofo y sociólogo alemán, es uno de los teóricos más influyentes en el pensamiento político contemporáneo. Una de las aportaciones más notorias que ha llevado a cabo para las ciencias sociales ha sido el desarrollo de la Democracia Deliberativa, como una respuesta idónea con la que superar los desafíos a los que se enfrentan los Estados de Bienestar. 

Estos desafíos vienen determinados, en su vertiente interna, por el multiculturalismo y la heterogeneidad social, con la afluencia de grupos de ciudadanos que reclaman un reconocimiento de derechos específicos para su situación y la garantía absoluta de la igualdad de condiciones normativas respecto del resto. En la vertiente externa, las grandes transformaciones del Estado ponen en tela de juicio los pilares fundamentales sobre los que se asientan los pueblos, en lo que puede resumirse como fenómeno globalizador. 

  

De este modo, la Democracia Deliberativa expuesta por Habermas es una forma de gobierno que aspira a convertirse en modelo normativo, comunicativo y procedimental de la política contemporánea que, sin renunciar a la construcción racional del mundo humano de manera autónoma y reflexiva, supera y mejora los planteamientos liberales y republicanos válidos hasta el momento. En el modelo confluyen cuatro elementos conceptuales básicos como son ciudadanía, opinión pública, participación política y Derecho y las características esenciales del modelo de democracia propuesto por el citado folósofo son las siguientes:

1) El orden político se legitima por los ciudadanos, no en la mayoría, sino en la argumentación. No es tan importante llegar a aprobar decisiones generalizables, sino que lo verdaderamente importante es la voluntad que se genera en ese proceso, la puesta en común de libertades individuales que se traducen en bienes colectivos y dotan de sentido y significación a la democracia. Como apunta Cortina, es superar la identificación de nuestro sistema de gobierno en la regla de las mayorías sino en cómo se han constituido las mismas.

2) No comparte los postulados de las teorías elitistas, pues rompen con la esencial de la democracia. Es preferible retrasar los procesos decisorios si con ello se consigue la implicación de todos los ciudadanos y la inclusión de todos los posibles intereses en juego. Esto también puede facilitar su puesta en práctica y el éxito de los resultados que se alcancen.

3) Se basa en la acción comunicativa permanente, pues entiende que el conocimiento es provisorio, imperfecto, perfectible y modificable. No existen ni verdades absolutas ni acciones integrales. Según este argumento, la democracia deliberativa es un proceso continuo de inteligencia colectiva, de aprendizaje multidisciplinar.

4) Se basa en la búsqueda de consensos, con participación ciudadana simétrica, hacia intereses universales. Deben participar todos, en igualdad de condiciones y construir juntos metas colectivas comunes.

5) Apuesta por una participación política amplia, permanente e institucionalizada. Es la base fundamental de la democracia deliberativa. Las instituciones deben facilitar dicha participación, creando mecanismos estables para captar las preferencias ciudadanas.

6) Fomenta la democratización de los procesos de toma de decisiones públicas. 

Ahora bien, si hemos dicho que la Democracia Deliberativa se basa en una participación estable, institucionalizada, en la que todos puedan dar su opinión, garantizado que dicha participación sea simétrica, y que no se base en teorías elitistas, ¿qué lugar ocupan los movimientos sociales y grupos de interés en este modelo? ¿Cómo convertir sus intereses individuales e acciones universales? CORTINA nos advierte del peligro que surge en la confusión de conceptos como pueblo y masa. Mientras que la masa la constituye un conjunto de individuos que se mueven por intereses temporales a los que les unen lazos débiles y son fácilmente manipulables, el pueblo lo constituye un conjunto de ciudadanos que se mueve por intereses permanentes a los que les unen lazos fuertes y no son tan manipulables. ¿Acaso los grupos de interés no consideran a los ciudadanos masa? ¿Se rompe con ello a Democracia Deliberativa?