"Ser lógico no significa ser justo y no hay nada en la tierra que pueda hacerlo justo".
Vencedores o vecidos es una obra maestra del cine moderno que sitúa al espectador en un contexto histórico determinado: la celebración de los Juicios de Nüremberg después de la II Guerra Mundial. Dirigida por Stanley Kramer y con un elenco de portagonistas de máximo nivel, la película intenta exponer al espectador los hechos acontecidos en Alemania del III Reich desde una consciente neutralidad. Hechos que, por ser incriminatorios y delinquir contra la humanidad, llevaron al banquillo de los acusados a cuatro jueces del nacismo, cada uno de los cuales parece cumplir un rol específico en la escena: Ernest
Janin como jurista intelectual y de gran reputación en el movimiento; Friedrich Hofstetter como funcionario al uso que cumple las órdenes de sus superiores; Werner Lampe como la débil figura a disposición permanente del poder establecido; y Emil Hahn como el fanático juez comprometido con el régimen totalitario hasta sus últimas consecuencias.
¿Cómo juzgar la labor de los jueces? La trama de la película se desarrolla desde dos posiciones claras: la lógica o la justicia, el Principio de Legalidad o el Principio de Derecho Universal:
- Por una parte, Hans Rolfe -abogado de los acusados-, argumenta una defensa basada en la lógica, en la obediencia debida a los superiores jerárquicos del régimen nazi, en la aplicación estricta de la ley. Así, el abogado dice que se debe "consagrar el templo de la justicia y alcanzar un código que alcance al mundo entero, con una clara y honesta responsabilidad, encontrada en el carácter de los hombres (...) pues un juez no es quien promulga leyes sino quien hace cumplir las de su país, mi patria ante todo, con razón o sin ella" y que "no solo se procesa a Ernest Janin sino a todo el pueblo alemán".
- Por otra parte, el Ministerio Fiscal -representado por el Coronel Lawson-, aboga por la justicia universal y por la responsabilidad directa de cada unos de los imputados tras la aprobación de decretos que provocaron la esterilización y el genocidio de miles de personas. En una de sus intervenciones señala que los jueces imputados debían recibir la justicia que ellos negaron por ser "más culpables que otros por haber alcanzado la madurez mucho antes de que Hitler alcanzara el poder y por admitir la ideología conscientemente cuando ellos más que nadie debían repudiarla por injusta".
La sentencia del juez Dan Haywood nos da una respuesta al interrogante planteado, "simples crímenes y atrocidades no
constituyen el punto más grave de todo lo aquí formulado. Lo grave es el hecho
de haber tomado parte conscientemente en un sistema de tremenda crueldad e
injusticia impuesto por el gobierno, con absoluto desprecio de todos los
principios morales y legales reconocidos en las naciones civilizadas".
Las instituciones político-administrativas son poderes constituídos y los servidores públicos -también los que imparten justicia-, no lo hacen en su propio nombre ni en nombre de ningún gobierno sino el nombre del poder constituyente y soberano, es decir, del pueblo. Si olvidamos la naturaleza del contrato social, corremos el riesgo de anteponer los medios al fin y de olvidarnos realmente del cometido del pacto: el orden colectivo y la defensa de los derechos humanos. Unos derechos humanos universales por cuanto universal es la condición humana.
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