Mantener el Estado de las Autonomías

En plena crisis económica, el debate sobre Estado de las Autonomías vuelve con más fuerza a la esfera política. Las posibilidades de rescate para las Comunidades han desatado ciertas hostilidades que, traspasando el ámbito de lo puramente financiero y fiscal, ponen en jaque el papel político e institucional que cada una de ellas representa en el Estado.

Las comparaciones resultan odiosas y, en muchas ocasiones, distorsionan la realidad. El Economista publicaba -en su edición digital del 25 de Septiembre de 2012-,  una tabla donde se desglosaba la cifra de gasto público (personal, corriente y financiero), por Comunidad Autónoma en el año 2011. Este periódico señalaba que el gasto de todas las Autonomías suponía en torno al 15% del PIB anual del país.

A simple vista, observamos cómo Cataluña es la Comunidad Autónoma con la cifra de gasto público mayor (el 10% del total), seguida de Andalucía y Madrid. Sin embargo, el titular no debiera ser ese. Teniendo en cuenta que el gasto público mide, en este caso, aquello que gasta el Sector Público para pagar a sus empleados, para satisfacer bienes y servicios y para la devolución de deudas y de capitales, el dato del 10% no es concluyente. 

Cataluña tiene una tasa de población del 16% del total del país, en la que repercute su cifra de gasto corriente -que, según consta en la tabla, es la mayor de las 17 regiones y con mucha diferencia respecto del resto-. Emplear el dinero extraído de los ciudadanos en satisfacer sus propias necesidades es, al fin y a la postre, la finalidad última que persigue el presupuesto público. Por otra parte, Cataluña no es la Comunidad que más gasta en recursos humanos, aunque sigue siendo indudable que la cantidad se antoja elevada. 

Creo que lo verdaderamente alarmante que se extrae de los datos de la tabla, no es tanto la cifra glogal de gasto de Cataluña respecto del resto de Comunidades, sino la cifra tan elevada de gasto financiero que tiene, la cual representa el 32,4% de total del país. Endeudar a una Comunidad Autónoma hasta tal extremo es hipotecar a sus ciudadanos durante generaciones e impedir sus posibilidades de crecimiento e inversión a medio y largo plazo.

De todas formas, comparar teniendo en cuenta un solo indicador no ayuda a emitir opiniones fundadas.