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miércoles, 24 de julio de 2013

Un Plan de Dirección del Capital Humano Público

Las Administraciones Públicas, al tratarse de una organización más, también realiza funcionen de dirección, gestión, administración, en definitiva, también planifican. La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. Se trata de un proceso para establecer metas y un curso de acción adecuado para alcanzarlas e implica que las organizaciones piensen con antelación en sus metas y acciones, y que basen sus actos en algún método, plan o lógica, y no en suposiciones. Por ello, la planificación incluye labores de dirección, gestión y administración. 

Una de las figuras clave en la planificación es, sin lugar a dudas, el directivo, quien debe ejercer un liderazgo participativo para lograr implantar con éxito medidas de mejora en las organizaciones públicas. Así, CUENCA CERVERA, J. J. (2010), afirma que la “dirección de recursos humanos lo constituye tanto la intervención sobre el capital humano en forma de políticas que favorezcan el desarrollo de mayores destrezas, conocimientos y habilidades, como, igualmente, la capacitación de los responsables de personas en orden a favorecer el alineamiento de los objetivos de los individuos con los de la organización en la que trabajan (…) favoreciendo su compromiso e identificación con la institución y la adopción de conductas que van más allá de los requerimientos explícitos del puesto de trabajo, lo que redunda en el desempeño individual y en el rendimiento organizativo”.

A su vez, VILLORIA MENDIETA, M. (2009), destaca la necesidad que tiene toda organización de inventariar el talento, es decir, aproximarse a determinar cuantitativa y cualitativamente el capital humano. Ello implica conocer las competencias –actitudes, habilidades, conocimientos y niveles educativos- que va a necesitar la organización, las características personales de cada puesto, la variedad de experiencia general y particular de dicho puesto, conocer las disponibilidades existentes atendiendo a las características de los empleados y analizar comparativamente las demandas netas de capital entre lo que hay y lo que pueda requerirse.

Así, la planificación de capital humano podemos decir que no es exclusivamente una forma de orden interno, una técnica al servicio de la eficacia de la organización, un mero instrumento, sino que es la herramienta idónea para el correcto cumplimiento de de las funciones constitucionales. Todo Plan de Dirección debiera responder a las necesidades que puedan surgir en las tres áreas básicas del empleado en su puesto de trabajo que son sus conocimientos (saber), sus habilidades y destrezas (saber hacer) y su comportamiento (saber estar).

Por todo ello, las Administraciones Públicas deben hacer un esfuerzo mayor por planificar dirigidamente el capital humano, pues con ello podría hacerse realidad la máxima de que la excelencia no es un resultado sino un hábito saludable. Haciendo uso de las palabras de CANALES ALIENDE, J. M. (2002), “un plan, por imperfecto que sea, acostumbra a generar mejoras resultados que los que hubiésemos obtenido sin planificación”.

martes, 23 de julio de 2013

El Capital Humano

El Capital Humano es el mayor activo intangible con el que cuentan las organizaciones –también las públicas-, referido éste a lo que conoce (saber), lo que demuestra por habilidades y competencias (saber hacer) y lo que es (saber estar) el personal a su servicio. El Capital Humano es el recurso de recursos, el que determina la adaptación de las Administraciones Públicas a su entorno cambiante a partir de las competencias, las destrezas, la polivalencia, la lealtad, la flexibilidad, la creatividad, la capacidad crítica y resolutoria y el compromiso personal de sus empleados.

Entender la configuración de este Capital Humano Público en las instituciones supone considerar varios componentes como puede ser el marco jurídico vigente, esto es, las normas formales, incluyendo cómo éstas han sido perfiladas por la jurisprudencia más relevante y las estructuras del sistema; la aplicación operativa, es decir, las rutinas, reglas en uso y prácticas empleadas habitualmente para decidir sobre las cuestiones de personal (cómo se remunera, selecciona, promueve y evalúa) y cómo se aplican técnicamente la dirección profesional; y el espacio político o los actores que operan en el sistema y su lógica de interés el marco de incentivos existente y en el contexto de desarrollo. En definitiva, entender la Función Pública en su más amplio sentido.
 
El análisis de la distribución de efectivos en la Administración Pública española muestra que solo el 3% de los empleados públicos ocupan puestos de gran cualificación profesional y complejidad de desempeño frente a la gran mayoría cuya cualificación no es tan rigorosa. Las cifras muestran cómo la organización de personal no es la más apropiada para hacer frente a las necesidades actuales y futuras de la Administración Publica, ya que los empleados públicos están envejeciendo y no existen tasas de reposición con las que actualizar y nutrir el servicio público. Los datos reflejan también una grave desproporción interna, con escasez de personal para llevar a cabo tareas complejas como pueden ser el diseño y el análisis de políticas o el control y la evaluación de resultados, entre otras. De otra parte, se evidencia la existencia de un sobredimensionamiento de las plantillas en lo que se refiere a los efectivos destinados a llevar a cabo actividades de apoyo administrativo.
 
Existen una serie de desequilibrios estructurales en nuestro sistema de empleo público que, si seguimos viéndolo solo desde la restricción presupuestaria y no desde la reforma sustancial de la Función Pública, van a condicionar enormemente el futuro del Capital Humano en las instituciones. Este proceso de cambio pasa por reconocer una serie de excesos y una serie de defectos del sistema de empleo público, excesos de personal, de politización, de protagonismo sindical, de seguridad y de rigidez defectos en la planificación, la gestión y la carrera profesional (SÁNCHEZ MORÓN, M., 2012).

lunes, 15 de julio de 2013

La futura Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local

Al hablar de reforma administrativa, es preciso traer a colación el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Adminsitración Local, con el que el legislador persigue los siguientes objetivos básicos: clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el Principio “una Administración una competencia”, racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local de acuerdo con los Principios de Eficiencia, Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso, favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas y fortalecer el papel de las Diputaciones Provinciales, las cuales asumirían parte de las competencias hasta ahora prestadas por los Municipios con el objetivo de lograr economías de escala con unos servicios comunes centralizados. 

Algunas de las medidas que quieren aplicarse al respecto son las siguientes:

  • Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades y eliminar las denominadas "competencias impropias", es decir, competencias que no les están atribuidas normativamente y para las que no disponen de financiación. Ello supondrá un ahorro de al menos 3.500 millones de euros.
  • Suprimir las 3.725 Entidades Locales Menores existentes.
  • Eliminar las mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no esté asegurada y que sus competencias pasen a ser ejercidas por las Diputaciones Provinciales.
  • Fortalecer la figura del interventor municipal, que dependerá funcionalmente de la Administración General del Estado para dotarle de mayor independencia y objetividad, así como garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario.
  • Fijar un límite de cobro para los Presidentes de Diputación, el cual no podrá cobrar más que un ministro (68.981,88 euros). Así mismo, las retribuciones de la Corporación Municipal no podrán suponer más del 0,6% del total de gastos del presupuesto municipal.
  • Eliminar 21.338 concejales y que los municipios no puedan tener más de 35 concejales.

Sim embargo, tal y como señala MELLADO RUIZ, L. (2012), aunque el Anteproyecto contiene algunas actuaciones administrativas necesarias en el ámbito local, las reformas que se plantean no dejan de venir "lastradas por la coyuntura económica, convirtiéndola en parcial y sesgada, con una filofía de intervención, de desconfianza hacia el mundo municipal" y alejadas de lo verdaderamente relevante que son los "factores de colaboración, de decisión en red, de satisfacción integrada de las necesidades sociales, de simplificación, de congruencia y de capacidad de dirección, de transparencia, de ética pública, con una más que necesaria redefinición de un nuevo municipalismo realmente sostenible".

domingo, 16 de junio de 2013

Los Grupos de Mejora como instrumentos de comunicación interna en las organizaciones


La calidad es un proceso de construcción continuo en las Administraciones Públicas, que requiere de un estilo de dirección que fomente la participación de ciudadanos y servidores públicos, no solo para introducir mejoras sino también para legitimar la actuación de las instituciones. Esto implica innovar en la estructura, en los procesos de trabajo y en los resultados que se alcanzan en una organización y se puede lograr con la colaboración de los empleados que son quienes conocen perfectamente las tareas que se desempeñan, sus contenidos y competencias, sus puntos fuertes y posibles debilidades de las organizaciones.  

La comunicación –en sus niveles interno y externo-, es un recurso estratégico con el que pueden contar las organizaciones para difundir sus objetivos, ayudar a la toma de decisiones informadas, motivar a los empleados, mejorar su imagen de cara al exterior o innovar y fomentar el cambio organizacional. La comunicación interna está estrechamente ligada a la microcalidad en las organizaciones, ya que se precisa de la participación de los empleados públicos para poder desarrollar estrategias de cambio. 

Los Grupos de Mejora constituyen una de las herramientas más importantes de comunicación interna –tanto vertical como horizontal-, en las organizaciones. Creados con el propósito de innovar, estos Grupos se instituyen en el seno de la propia organización y solo por miembros pertenecientes a la misma, con la finalidad de cambiar, de mejorar la actividad que hasta ahora se llevaba desempeñando. Los empleados públicos, conocedores de la idiosincrasia de la entidad, colaboran de manera voluntaria para detectar posibles problemas de funcionamiento y para proponer soluciones a los mismos. Con un coste bajo para la Administración Pública, los Grupos de Mejora son una herramienta de gran valor a la hora de planificar y legitimar el cambio organizacional desde dentro. No pueden ser, en sí mismos, un fin sino que son una técnica, un medio, una herramienta comunicativa interna –tanto vertical como horizontal- con la que cuenta la Administración Pública para mejorar la calidad.

Castilla y León ha sido y es una de las Comunidades Autónomas pioneras en implantar procesos de mejora continua y calidad dentro de sus organizaciones y de regular la constitución y el funcionamiento de los Grupos dentro de su ámbito de actuación a través del Decreto 77/2009, de 29 de Octubre, por el que se regula los Grupos de Mejora de la Administración de la Comunidad. Implantados desde 2001, se han constituido Grupos que han conseguido mejorar el servicio sanitario, educativo, recaudatorio, etc.
 
Los Grupos de Mejora constituyen un instrumento idóneo para guiar el cambio organizativo. Sin embargo, quedan pendientes algunos retos que no han sido regulados en profundidad por las Administraciones Públicas y que tienen que ver con la composición de los mismos, el liderazgo, la temporalidad, la autonomía e independencia o la voluntad de la dirección para implementarlos en las organizaciones. ¿Cuál es el número idóneo de miembros que debe configurar cada Grupo? ¿Alguno debe liderar el mismo? ¿Se precisan profesionales externos? ¿La participación de los miembros debiera ser obligatoria o voluntaria? ¿Una participación obligatoria debiera ser recompensada? ¿De qué forma? ¿Deben configurarse los Grupos atendiendo a problemas que ya han sido detectados por la dirección o tienen que tener más autonomía y margen de maniobra para que ellos mismos puedan analizar las debilidades y amenazas? ¿La constitución de los Grupos de Mejora debe ser temporal o permanente en el tiempo?

jueves, 30 de mayo de 2013

Planificación Estratégica y Dirección Pública


Las Administraciones Públicas están expuestas a un entorno cada vez más cambiante, donde participan numerosos actores y donde a las dimensiones propias de cualquier organización (organizativa y social) hay que añadir una tercera dimensión, la dimensión política. La planificación estratégica es un proceso que apunta a la definición de la estrategia de una organización, junto con la definición de responsabilidades para la implementación de la misma, que le permiten dar respuesta a los nuevos problemas con los que se enfrenta en su funcionamiento cotidiano. Esta planificación precisa de una reflexión profunda entre los miembros de una organización, que busca identificar lo que ésta es actualmente, con sus fortalezas y deficiencias, y lo que quiere ser en el futuro, definiendo para ello unos objetivos y metas y sus estrategias correspondientes (ARRANZ BUESO, E.).

 La dirección participativa es un requisito indispensable en cualquier proceso de cambio, pues siempre debe haber un miembro que dirija, impulse, coordine, motive y legitime las estrategias de mejora en las organizaciones. Afrontar los problemas supone contar con todos los agentes implicados en ellos para que participen en su diagnóstico y en el diseño de mejoras que consigan romper con su lógica interna. En definitiva, ser capaces de combinar opiniones individuales que permitan tomar decisiones colectivas, incrementando así la capacidad creativa de la organización generando ideas, descomponiendo problemas y proponiendo posibles soluciones (GUILLÉN ZANÓN, A.). 

No pueden tratarse, con carácter global, todos los problemas a las que se enfrenta una organización porque los recursos con los que cuenta son limitados. La propia elección de aquéllos sobre los que se definen las estrategias y las mejoras ya supone una auténtica decisión de valor para una institución. Priorizarlos, cuantificarlos, ordenarlos cronológicamente, presupuestarlos y evaluarlos resulta de vital trascendencia e importancia para una organización y auguran el posible éxito de la implantación de mejoras. Por eso, la planificación es básica a la hora de enfrentarnos a cualquier problema, porque del diagnóstico inicial de las debilidades de una organización y la toma en consideración de los recursos que posee, resultan auténticas oportunidades de futuro para esa institución.

domingo, 5 de mayo de 2013

El directivo público español

La figura del directivo público en España aparece someramente regulada en el art. 13 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado éste último por la Ley 7/2007, de 12 de Abril. El citado artículo señala que es personal directivo el que "desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración". Su designación debe atender a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se lleva a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. Este personal está sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados y la determinación de sus condiciones de empleo no es materia objeto de negociación colectiva.

Esta insuficiencia normativa bien puede ser criticada puesto que posicionándose el directivo público como el vértice del sistema y vínculo entre la Administración Pública y el poder político,  no queda claramente definido su régimen jurídico común. Tal y como afirma BLANCO GAZTAÑAGA, C., "la función pública es un sistema, un conjunto de normas, acuerdo, principios y una cultura administrativa, cuya cúspide, la función directiva, debe guardar armonía con el resto del conjunto. Por ello, la regulación del estatuto del directivo público no es una más entre las distintas cuestiones de empleo público, sino la clave de bóveda para la configuración de la Administración".

El sistema cerrado/ de carrera de la función pública en España caracteriza la figura misma del directivo. En cuanto a su selección, ésta se hace, por norma general, atendiendo a la carrera administrativa como vía de formación. En cuanto a la retribución, la misma puede fijarse a través de tres elementos: sueldo base, complemento por puesto de trabajo y retribución por objetivos, elemento éste último que cada vez está más presente en la función pública pero que resulta difícil de cuantifica en la evaluación del desempeño. 

Por todo ello, resulta imprescindible prestar mayor atención a la figura del directivo público, a su correcta regulación y al control de los objetivos y de las finalidades que representa. En este sentido y haciendo referencia a las conclusiones del Informe sobre el Servicio Público que aprobó la Cámara de los Lores en 1997, el directivo público debe asegurar ausencia de partidismo, integridad, imparcialidad, objetividad, lealtad y prevención frente a la corrupción.
 

jueves, 2 de mayo de 2013

El Proyecto Irekia


Dentro del modelo de Open Government, el Gobierno Vasco lleva implementando, desde 2010, el Proyecto Irekia, una plataforma de comunicación directa entre la ciudadanía y las Administraciones Públicas a través de Internet y que se basa en los tres ejes principales del Gobierno Abierto establecidos en el Memorandum de Barack Obama de 2009 (transparencia, participación y colaboración). Irekia dota a la ciudadanía de control, participación y toma de decisiones en las acciones de Gobierno con el fin de que cada persona pueda sentirse parte del ejecutivo y de sus políticas y, con ello, hacer realidad la idea originaria de la democracia: gobernar entre todos.

La pieza fundamental del Proyecto Irekia lo constituyen las redes sociales, donde los debates en torno a la actividad de Gobierno se desarrollan con más asiduidad. Este debate que se genera en ellas es también recogido por el Gobierno que lo incorpora a los diferentes debates y procesos de elaboración de normas y programas. Estamos ante la escucha activa, una herramienta relevante para el ejecutivo autonómico. Algunas de las ventajas que ofrecen las redes sociales para el Gobierno Vasco son: proporcionan respuestas inmediatas a los usuarios, ofreciendo información que puede resultar útil también a otras personas en la misma situación (se gana tiempo y recursos), de una manera más cercana, ya que nos encontramos en el contexto personal del usuario; redirigen a los usuarios hacia la web o portal corporativo para ampliar datos; y facilitan la creación de redes temáticas de personas que, a su vez, generan conocimientos fundamentales y complementarios que permiten que el ejecutivo conozca sus intereses, para así poder tenerlos en cuenta a la hora de gestionar lo público.

El Proyecto Irekia está provocando todo un cambio de mentalidad a la hora de entender la política autonómica y este cambio se está produciendo a dos niveles: por una parte, los ciudadanos se sienten más identificados con sus representantes, pues Irekia propicia la transparencia radical, la participación y la colaboración social en los asuntos de interés general; por otra parte, los empleados públicos y los políticos están más motivados para iniciar procesos de restructuración organizativa en sus departamentos y son capaces de visualizar la importancia que tiene el trabajo que desempeñan en el correcto funcionamiento del Gobierno Vasco.

Respecto a las principales temáticas tratadas dentro del Proyecto Irekia, éstas se muestran en el Gráfico 1 que sigue a continuación. Se observa cómo la educación es la materia que más se desarrolla (con un 20%), seguida del empleo (14%) o la gobernanza y las políticas públicas (9%). Las menos desarrolladas son Sanidad y Economía (en un 5% respectivamente) o legislación y marco normativo (4%), materias éstas que encuentran un mayor espacio y atención en las Webs correspondientes de cada Departamento de Gobierno y a las cuales se puede acceder desde el Sitio Web de Irekia.
  

En lo referente a la distribución de los usuarios de Irekia en base al perfil que manifiestan, resulta destacable que los hombres (un 64%) utilizan más esta plataforma interactiva que las mujeres (36%). Son los usuarios de entre 33 y 45 años de edad los más activos (30%), seguidos de aquellos con edades comprendidas entre los 45 y 54 años (26%). Curiosamente, los usuarios de entre 20 y 24 años son los menos activos en la plataforma. En cuanto a la formación de los ciudadanos que acceden a las prestaciones de Irekia, la mayoría (83%) cuenta con estudios superiores. Además, la población de Euskadi es la que, mayoritariamente (92, 2%), las utiliza. Si analizamos el porcentaje de usuarios que utilizan las redes sociales circunscritas al Proyecto Irekia, vemos cómo Twitter es la red social de mayor afluencia (35%), seguida muy de cerca por Facebook (34%) y Google+ (31%). Por el contrario, las redes sociales de menor afluencia son Tuenti (5%) y Flickr (4%).

En lo que se refiere a las motivaciones para acceder a las prestaciones del Proyecto Irekia, el 63% lo hace para recopilar información, el 45% para conocer las propuestas del Gobierno o de la ciudadanía, el 22% para participar añadiendo su propia propuesta y el 21% para la visualización de eventos en directo. Para el 15% de los usuarios de la plataforma, la motivación de acceso es conocer la agenda y las propuestas programadas del ejecutivo, participar en encuestas o acceder al apartado de transparencia. Sin embargo, para el 8% y 6% respectivamente, el acceso se realiza como el punto de acceso para medios o para otras redes sociales.

Irekia es –y quizás continuará siendo- un ejemplo paradigmático de cómo debe desarrollarse la estrategia de comunicación en redes sociales de un gobierno, si se consigue que esta herramienta no esté al servicio del ejecutivo de turno sino al servicio de la institución de gobierno y de los ciudadanos.