Public Policy and Management Institute (PPMI)

El gobierno de la República de Lituania decidió crear el Public Policy and Management Institute (PPMI). Este organismo se configura es uno de los principales centros de investigación sobre política pública en la región del Báltico y lleva funcionando desde 2001, realizando aportaciones muy relevantes en el estudio de las políticas públicas y ha propiciado un aumento en la eficacia de las medidas que adopta el ejecutivo del país y una mejora sustancial en el bienestar de la sociedad lituana.

La labor que lleva a cabo el PPMI es, fundamentalmente, de investigación interdisciplinaria en materias directamente relacionadas con la gestión pública y la evaluación de las políticas gubernamentales del país. Sobre todo, se centra en el análisis de los sistemas públicos de prestación de servicios: la educación superior y el I + D + i, la modernización de la Administración Pública, la economía, el mercado de trabajo y la formación profesional.

Los objetivos concretos de Public Policy and Management Institute se pueden resumir en los siguientes: la investigación de diversos fenómenos sociales y económicos que acontecen en el país para que, tratando de identificar las causas de los problemas emergentes en la sociedad, se puedan determinar las principales alternativas en la acción de gobierno para su resolución, evaluando estas alternativas y escogiendo la mejor opción; el análisis de los beneficios y de los resultados de los programas de política pública, de la legislación, de las disposiciones financieras, de los servicios públicos, así como de las medidas de mantenimiento del presupuesto ejecutado por instituciones públicas; el estudio en profundidad de la Administración Pública lituana para su modernización y adaptación al tiempo presente y de los sistemas públicos de prestación de servicios, con la finalidad de aumentar la eficiencia y la justicia social de los mismos; o la identificación de los problemas que afectas a las políticas gubernamentales del país, la mejora del rendimiento del Sector Público lituano, el desarrollo de nuevas capacidades administrativas y la aplicación en la República de las mejores prácticas nacionales a internacionales de gestión y evaluación pública.

El Instituto trabaja, de manera destacable, en el campo de la gestión y la evaluación de las políticas públicas desde hace más de diez años. Ello ha favorecido que los expertos de esta institución cuenten con una experiencia importante en el sector, sobre todo en los siguientes ámbitos: Nueva gestión pública y modernización de la Administración; Educación y Ciencia; Empleo y Competitividad; Investigación, Desarrollo e Innovación; Inclusión Social, Igualdad de Oportunidades y no Discriminación; Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación; Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social; y Servicios Públicos e interoperabilidad administrativa.

A nivel institucional, Public Policy and Management Institute ha conseguido una planificación de las políticas apropiadas, la participación de todos los actores implicados en la acción pública, la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros del Sector Público y la reconversión y el fortalecimiento de las capacidades administrativas. También se ha conseguido gestionar las políticas a partir de resultados y con procesos de calidad total y poco a poco se han ido introduciendo sistemas de e-Gobierno, e-Participación y e-Administración.

En cuanto a la investigación de las políticas públicas, los expertos del PPMI aplican métodos cuantitativos y cualitativos, dando preferencia a la información empírica, las estadísticas, los hechos y las experiencias. Por otra parte, se hace una revisión crítica de la experiencia nacional e internacional en la materia, aplicando las mejores prácticas en el sector y evitando los errores cometidos en otras ocasiones. Así, el enfoque interdisciplinario, el pluralismo metodológico, el profundo conocimiento de la Administración y la propia experiencia del Sector Público permite a los empleados del Instituto un óptimo asesoramiento y evaluación.

Centrándonos en la evaluación de las políticas, el PPMI revisa sistemática y periódicamente las mismas, con el fin de determinar criterios tales como su idoneidad, su eficiencia, su eficacia, su impacto y su sostenibilidad. Las evaluaciones se utilizan para informar de los resultados obtenidos y así mejorar las líneas de actuación gubernamentales, satisfaciendo, mejor y en mayor grado, las necesidades de los ciudadanos. Desde su funcionamiento, Public Policy and Management Institute ha sido reconocido, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La evaluación de PPMI suele estar coordinada con el ciclo propio de una política pública. Y en función de estos ciclos, las fiscalizaciones pueden realizarse antes o después de su implementación, con carácter interno o con carácter externo o pueden ser temáticas, de impacto, etc. Pero lo más importante en este punto es señalar que durante las evaluaciones, se trata de involucrar a todos los grupos que puedan estar interesados (al igual que pasa con su definición e implementación) y con ello se fomenta también el aprendizaje y la actualización constantes de los participantes, asumiendo competencias en: la capacidad de análisis y crítica sobre la gestión pública, el interés por el Sector Público, la diligencia, la creatividad y la motivación para el aprendizaje y las habilidades de comunicación, entre otras.

La Estrategia Europa 2020

A las dificultades socio-políticas que son propias de la naturaleza misma de la Unión Europea, hay que sumar las dificultades económicas por las que atraviesa el mundo actual. La crisis económica y financiera ha llevado a los países comunitarios a firmar acuerdos y programas que les permitan, no solo salir de dicha crisis, sino también crear oportunidades de futuro y fortalecer su posición cuando esta grave situación llegue a su fin.

La Unión Europea, mediante la Comunicación de la Comisión Europea {COM (2010) 2020}, de 3 de Marzo de 2010, sobre EUROPA 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, ha aprobado un instrumento con el que reforzar su pilar económico. La Estrategia 2020 es predecesora de la Estrategia de Lisboa del (2000) y “constituye la visión de la economía social de mercado de Europa para el siglo XXI con la que salir fuerte de la crisis, que convierta a la UE en una economía inteligente, sostenible e integradora, que disfrute de altos niveles de empleo, de productividad y de cohesión social”. 

Las tres prioridades que se establecen en el citado documentos son las siguientes: un crecimiento inteligente, basado en el conocimiento y en la innovación; un crecimiento sostenible, promoviendo una economía que haga un uso más eficaz de los recursos; y un crecimiento integrador, fomentando una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial.

En cuanto a los objetivos generales, éstos son cinco con un horizonte temporal de 2020: conseguir una tasa de empleo del 75% de la población de entre 20 y 64 años; una inversión del 3% del PIB de la Unión en Investigación y Desarrollo; el porcentaje 20/20/20 en materia de clima y energía; un 10% menos de abandono escolar y un 40% de la generación más joven con estudios superiores completos; y 20 millones de personas menos con riesgo de pobreza. 

Vistas las características generales de la Estrategia Europa 2020, lo cierto es que la misma resulta demasiado general y abarca temas con tanto contenido y relevancia que tratarlos en un mismo documento puede resultar contraproducente. La Estrategia está extremadamente orientada hacia el interior de la UE y esto, en un mundo globalizado como es el actual, puede jugar en su contra. A su vez, no se está aprovechando la oportunidad de mejora e innovación que el escenario internacional brinda a la Unión limitándose solo a querer salir de la crisis pero sin pronosticar un futuro cercano. Además, se debe asegurar, con mayor ímpetu, un apoyo popular a las medidas que desarrolla el ente supraestatal y un apoyo económico y financiero estable para implementar sus objetivos.

A nivel político, se echa de menos un “espíritu europeo”, al faltar un posicionamiento unilateral de la UE en el escenario internacional. No existe un claro liderazgo político de los responsables públicos, por lo que resulta complejo construir una Unión de todos, a través de un sentimiento reforzado de corresponsabilidad.

A nivel social, la Estrategia 2020 la cohesión económica y social ha dejado de ser la protagonista. Faltan objetivos claros, materializables y medibles. Por otra parte, el ciudadano no se siente identificado con el proceso de integración europea y, en general, por los asuntos de trascendencia pública. Por eso, la Estrategia debiera haber otorgado mayor protagonismo a los ciudadanos en la definición, el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas y programas comunitarios.

A nivel económico, la austeridad tan predicada puede arriesgar el correcto cumplimiento de los objetivos de la Estrategia, por lo que se debe asegurar la solvencia financiera y la disponibilidad económica de todos los instrumentos, medidas y acciones que contribuyan a desarrollar los fines pretendidos en la misma. 

Para acceder a las comparativas de resultados por áreas de los Estados miembros, la Comisión Europea ha habilitado un acceso específico en su Sitio Web. Desde allí podemos observar cómo, no solo España sino la mayor parte de países de la Unión, tienen bastante que mejorar de aquí a 2020 si quiere cumplir con los objetivos fijados de antemano por la Estrategia 2020.

Los Grupos de Presión en la Unión Europea

Tal y como se define en el Libro Verde de la Iniciativa Europea en favor de la Transparencia (2006), un Grupo de Presión es aquel cuyas actividades pretenden influir en los procesos de elaboración de políticas y de toma de decisiones en las instituciones europeas. Estos Grupos actúan dentro del sistema democrático, se van transformando en él y, desde el  momento en que los mismos comienzan a actuar sobre el poder para reivindicar sus aspiraciones, se les considera comunmente  como Grupos de Presión.

Estos Grupos tratan de influir en los responsables políticos pero -a diferencia de lo que ocurre con los partidos políticos-, éstos no buscan obtener el poder, ni sus intereses son generales sino exclusivos de determinados sectores de población y para ámbitos concretos, consagrándose  exclusivamente a la acción política. Ejemplos podemos encontrar muchos, entre los que caben destacar las organizaciones sindicales y empresariales, las asociaciones profesionales, las cámaras de industria, las organizaciones estudiantiles, los medios de comunicación de masas, etc.

El citado Libro Verde destaca algunas de las características esenciales del mismo, reconociendo la legitimidad de su actuación persuasiva en el sistema democrático, destacando su capacidad para llamar la atención de las organizaciones sobre asuntos concretos yla clara contribución al fomento de la transparencia pública.

La influencia de los Grupos de Presión varía de unos a otros, según diferentes criterios: que defiendan intereses sectoriales o promocionales; que sean "insiders" u "outsiders" al gobierno; o que manejen -en mayor o menor medida- recursos técnicos, económicos o jurídicos. A su vez, factores como la estructural institucional, la cultura política, las políticas públicas o el sistema de partidos de un país pueden ser elementos clave para el éxito de los mismos en un Estado. Por ejemplo, un país que se base en el bipartidismo cuenta con partidos políticos de gran relevancia que nutren de estabilidad y continuidad al sistema político pero que deja poco márgen de actuación al resto de actores políticos colectivos. Por tanto, el desarrollo de los Grupos de Presión en este Estado pudiera ser la respuesta a una participación ciudadana más abierta y deliberativa a la hora de conformar la agenda pública pero cuenta también con más dificultad de prosperar en un escenario partitocrático poco proclive al cambio.

A su vez, el Libro pone de manifiesto algunos de los principales riesgos inherentes a los propios Grupos, como pueden ser el proporconar información distorsionada a los decisores públicos, la correspondencia social de sus demandas con las necesidades reales de los ciudadanos, la legitimidad en la representación de intereses o el marcado carácter económico que requiere su funcionamiento y que puede influir en que prosperen o no las iniciativas que formula a la clase política.

Para regular los Grupos de Presión en Europa, se ha aprobado un Acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea relativo al establecimiento de un Registro de transparencia para las organizaciones y las personas que trabajan por cuenta propia que participan en la elaboración y aplicación de las políticas de la Unión Europea (publicado en el DOUE de fecha 22 de Julio de 2011), que será desarrollado en la siguiente entrada y que, por adelantar su contenido esencial, recoge el Código de Conducta de estos actores políticos colectivos.

PADGETS: acercar el proceso político al ciudadano

El derecho al libre desarrollo del ser humano solo puede conseguirse dentro de una sociedad participativa, donde se fomenten las líneas de acción públicas centradas en el ciudadano y donde éste tenga capacidad suficiente para tener un peso sustancial en el proceso de elaboración de las políticas. 

Así, la participación pública puede definirse como la práctica seguida por los responsables políticos de consultar a los ciudadanos a la hora de definir la agenda gubernamental, la toma de decisiones y el fomento de la actividad de las organizaciones e instituciones responsables del desarrollo democrático y político. Y es precisamente el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación lo que permite cumplir con estas finalidades.

PADGETS es una experiencia desarrollada por cinco Estados de la Unión Europea -Grecia, Italia, Reino Unido, Alemania y Eslovenia-, para involucrar a los ciudadanos en el proceso de formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas, dentro del entorno virtual en el que se suelen manejar diariamente y en los medios de comunicación y redes sociales preferidos. Comenzó a desarrollarse en 2010 y cuenta con el respaldo de la Comisión Europea.

PAGDETS es un neologismo que surge de la unión de dos conceptos diferentes: política y gadget. Se ha construido con la finalidad de conseguir aplicaciones que ayuden a una rápida composición de cómo se está llevando a cabo una determinada política pública, cuál es la percepción que tiene de la misma el ciudadano y las alternativas de cambio que puedan plantearse.

Los objetivos que se consiguen con la aplicación de PADGETS son: proporcionar, a los ciudadanos y a los medios de comunicación, un acceso fácil propuestas de políticas y de gestión de servicios públicos; aprovechar los efectos positivos de las redes sociales en el proceso de formulación de políticas públicas, creando espacios de intercomunicación instantánea para que participen los ciudadanos en los asuntos que les afecten; aumentar la confianza ciudadana en los poderes públicos y la transparencia a través de canales públicos de comunicación de fácil accesibilidad; y ayudar a los decisores públicos en la predicción del impacto de las medidas que quieren adoptar en interés general, etc.

A través de un Padget, cualquier política que los responsables gubernamentales quieran implementar, puede convertirse en una aplicación online visible, cercana, accesible, reutilizable y transmisible para el completo conocimiento por los usuarios de aquella información que el decisor público quiera lanzar. Su consulta puede deberse a varios motivos: estar informados; hacerse oír en todo el proceso de elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas; comunicar sus acciones, planes o proyectos, etc. 

El funcionamiento general de PADGET es muy sencillo. El decisor político crea esta aplicación de forma rápida y muy intuitiva. La aplicación responde al mensaje, discurso, acción o proyecto que se quiera lanzar para captar la opinión ciudadana en torno al mismo. Una vez creado, el Padget se cuelga de cualquier red social, medial e institucional que el responsable político decida (normalmente, aquellas de mayor afluencia por parte de los usuarios). El usuario conectado a estas redes, accede a la aplicación y se van generando ciclos de retroalimentación y transmisión de opiniones en torno a la formulación, implementación o evaluación de las políticas públicas. Posteriormente, la información generada se recopila por el decisor político y basándose en ella, define, modifica o suprime las líneas de gobierno sobre las que se está trabajando. 

Con PADGETS, los responsables políticos son capaces de llegar a grandes segmentos de la población, sin necesidad de costes elevados y manteniendo una presencia institucional en las redes sociales más utilizadas. Se fomenta también la confianza política y la transparencia gubernamental.

La actuación administrativa ambiental

Las normas, acciones y programas que la Unión Europea está desarrollando en materia medioambiental, encaminadas todas ellas a integrar esta política pública en todas las demás, especialmente en ámbitos relacionados con la sensibilización ciudadana, la cooperación transnacional, la normalización legislativa o la participación social. En este último punto, cabe destacar el Proyecto EMPOWER que, desde 2009, tiene el objetivo de motivar, consensuar y fortalecer la participación de los gobiernos, de las ONG y de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones sobre cuestiones medioambientales. 

El todavía vigente VI Programa Comunitario de Acción en materia de medio ambiente para 2002-2012 es un claro ejemplo de la acción europea para lograr la sostenibilidad y la calidad ambiental, con finalidades tales como proteger y restaurar el funcionamiento de los sistemas naturales y detener la pérdida de la biodiversidad; conseguir un nivel de calidad ambiental de tal grado que los contaminantes de origen humano no tengan efectos ni riesgos significativos sobre la salud humana; o lograr que el consumo de recursos renovables y no renovables no supere la capacidad de carga del medio ambiente.

Importante también es señalar que en 2007, el Consejo Europeo estableció el compromiso firme de conseguir en 2020 una reducción de al menos el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, con respecto a los niveles obtenidos en 1990.  Al respecto, el Programa Nacional de Reformas de España 2011 resultó ser mucho más ambicioso y concretó unos objetivos de reducción de emisiones de un 21% respecto a la cifra de 2005, de participación del 20% de energías renovables en el consumo de energía final o de eficiencia energética al reducir su intensidad un 20% respecto a los datos registrados en 2009.

En España, la actuación administrativa en política medioambiental pueden ser clasificadas, en función de su contenido y siguiendo a ALONSO y MOLINA, de la siguiente forma:

1. Técnicas de intervención administrativa: básicamente, se trata de canalizar  la ordenación normativa de la materia y establecer instrumentos de carácter preventivo, como son las autorizaciones - en especial, la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) regulada en la Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Impacto Ambiental de proyectos)-.
2. Técnicas de fomento: pretenden conseguir, de manera directo o indirecta, la autoordenación de la activdad rpivada en función de fines y objetivos de interés público, a través de subvenciones o ayudas, muchas de ellas procedentes de financiación comunitaria, como ocurren con el instrumento financiero específico en materia de medio ambiente de la UE denominado LIFE+, creado por el Reglamento (CEE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Mayo de 2007.
3. Medidas represivas: se aplican frente a los incumplimientos de las cada vez más y más complejas normas medioambientales que, de forma sectorial, recogen las infracciones y las sanciones en esta materia. Se recogen fundamentalmente en la Ley 26/2007, de 23 de Octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
4. Medidas económicas y complementarias: comprenden una variada gama de instrumentos -ya sean éstos de apoyo, fiscales, formativos, educacionales, de investigación científica, de desarrollo tecnológico, etc-, que tiene por objeto la incorporación de todos los costes ambientales externos que se generan durante la totalidad del ciclo de vida de un producto, para que los productos más ecológicos no se encuentren en una situación de desventaja competitiva respecto de aquellos productos que contaminan.

Por un desarrollo sostenible

Aunque el ser humano siempre ha estado en contacto directo con la naturaleza, con su entorno, no han sido iguales las alteraciones que ha provocado en el mismo ni el grado de preocupación por este aspecto. El incremento poblacional, el abuso incontrolado de los recursos naturales o la desaparición de la flora y de la fauna, entre otros, ha producido un daño ambiental muy intenso. Por eso, lo que en su día fue una cuestión de interés científico, hoy es uno de los retos más acuciantes de la realidad social, donde se intenta conjugar la conservación y la explotación del medio ambiente, su provecho y su perdurabilidad. 

Así, el desarrollo sostenible aparece por primera vez recogido en el Informe Brundtland (1987), documento elaborado por la  Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas. Se define como el grado de "satisfacción las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones", aspecto reconocido formalmente en el 3º Principio de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992).

En este mismo sentido, el artículo 191 del Tratado de Fucionamiento de la Unión Europea establece como objetivo de la entidad supranacional "la utilización prudente y racional de los recursos naturales". Así, la estrategia medioambiental de la Unión Europea se mueve en tres ámbitos fundamentales para dear respuesta al justo equilibrio de todos los aspectos que rodean a esta política pública: Acción por el Clima; el Medio Ambiente; y la Energía.

En España, la creación de la Agencia Española de Cambio Climático, circunscrita a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, también es una institución  muy importante para lograr un desarrollo sostenible. Pero una mención especial requiere la aprobación de la Ley 2/2011, de 4 de Marzo, de Economía Sostenible al respecto, pues en su artículo 2 señala que pretende alcanzar "un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades".