El diseño de una política evaluativa local desde el ejemplo de los CCI

Tal y como podemos extraer de la Guía sobre los Fundamentos de Evaluación de Políticas Públicas elaborada en 2010 por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, planificar la evaluación no es más que "diseñar con el mayor detalle posible las distintas tareas que deben llevarse a cabo en el análisis y valoración final que supone toda evaluación, formulando claramente los objetivos que se pretenden lograr, conteniendo información precisa sobre los insumos que van a ser utilizados, las actividades a realizar y los resultados que se prevén para la consecución de las finalidades de la organización". Planificar la evaluación supone también "tener presente el ciclo de vida de las intervenciones, las necesidades operativas y estratégicas de la toma de decisiones, la oportunidad temporal de las evaluaciones y la transversalidad (sectorial, territorial y de gestión) de sus objetivos"

Uno de los aspectos esenciales para llevar a cabo la correcta evaluación de los servicios públicos locales es su diseño y planificación inicial, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Impulsar la participación de los interesados en dichas políticas y programas: al hablar de interesados señalamos a las personas que tienen un interés legítimo en la política o en el programa, tales como los usuarios a los que van dirigidos, los empleados que trabajan en ellos, los responsables de su implantación, etc. Identificados los interesados, éstos pueden ser los que ayuden a establecer las prioridades evaluativas, la elaboración de un modelo lógico evaluador, la selección de los métodos que se utilizarán en el proceso y la información que se requiere recabar. Con ello, los decisores públicos se pueden asegurar la aceptación social de la práctica evaluativa, su institucionalización y su arraigo en la cultura organizacional.
• Describir el programa: planificar la evaluación supone ponerse de acuerdo sobre el diseño de la misma, determinándose los elementos fundamentales del mismo y las actividades de evaluativas básicas. Una buena planificación debe ser capaz de responder a estos interrogantes: ¿Para qué se realiza esta evaluación? ¿A quién está dirigida o a quién beneficiará la evaluación? ¿Cómo se utilizarán los resultados de la evaluación? ¿Cuáles son las preguntas más importantes que debe responder la evaluación? ¿Cuáles son los métodos para proporcionar información a fin de responder a las preguntas en el proceso evaluador? ¿Cómo se ejecutará el plan de evaluación con los recursos disponibles? ¿Qué medidas de protección existen para que se cumplan todas las normas éticas sin perder el rigor técnico. 
• Reunir datos fiables: debe determinarse qué datos se reunirán en la evaluación de la política o del programa, quiénes los suministrarán, cuándo se realizarán las actividades de evaluación, dónde se recopilarán los datos y qué métodos de recopilación de datos se utilizarán.
• Analizar los resultados: planificar la evaluación también supone determinar con antelación de qué modo se analizarán los datos extraídos, lo cual permitirá garantizar la información necesaria y, además, contribuirá a establecer qué conocimientos técnicos y recursos se requieren para analizar los mismos. 
• Garantizar el uso y compartir la experiencia adquirida: planificar es, a su vez, determinar quiénes son los destinatarios de la información a que se llegue con la evaluación, cómo se informarán los resultados y qué formatos de presentación de informes serán los más apropiados.

Los Círculos de Comparación Intermunicipal se configuran como un método de trabajo, con periodicidad anual, para la evaluación de la calidad en el ámbito de la prestación y gestión de los servicios públicos municipales de Barcelona, que parte de un diseño muy bien planificado y puede extrapolarse hacia otras Entidades Locales. Los objetivos de los Círculos son los de medir, comparar y evaluar resultados obtenidos por los municipios de esta provincia mediante el uso de unos indicadores comunes que han sido previamente consensuados y constituir un grupo de trabajo para intercambiar experiencias de éxito entre Entidades Locales. Los Círculos de Comparación Intermunicipal ayudan a hacer un diagnóstico de la situación actual en la prestación de servicios públicos, revisar y marcar los objetivos de la organización, dar información a los responsables para tomar decisiones, mejorar los estándares de calidad de dichos servicios, planificarlos, presupuestarlos y evaluar la implementación de los mismos.

La Diputación de Barcelona impulsa, organiza y dinamiza los Círculos de Comparación Intermunicipal, ofreciendo a los participantes una metodología y un entorno de trabajo adecuado. En este proyecto participan, por un lado, el equipo técnico del Servicio de Programación, quien aporta conocimientos económicos y metodológicos; por otro lado, los miembros del Servicio de referencia de la Diputación, quienes aportan los conocimientos específicos del servicio público que se analiza. De esta manera, los talleres se benefician de los conocimientos y del trabajo transversal, entre diferentes áreas o departamentos de la Diputación. Actualmente, el 95% de los municipios de más de 10.000 habitantes de la provincia de Barcelona participan en, al menos, un Círculo de Comparación, lo que supone 77 municipios sobre un total de 80.

Los servicios analizados desde los Círculos de Comparación son los siguientes: Policía local, Gestión y tratamiento de residuos, Limpieza viaria, Bibliotecas, Teatros municipales, Guarderías, Escuelas de música, Deportes, Servicios Sociales, Mercados Municipales, Ferias Locales, Servicios Locales de Empleo, Oficinas Municipales de Información al Consumidor, Seguridad Alimentaria, Alumbrado público, Servicios de Mediación Ciudadana. Con la información extraída del análisis de los servicios, los municipios adquieren un instrumento de ayuda a la toma de decisiones en el ámbito de la gestión de sus servicios y ofrece al ayuntamiento la posibilidad de comparar la gestión de sus servicios municipales respecto de la gestión llevada a cabo por otros ayuntamientos de su entorno socio-económico más próximo.

En cuanto al desarrollo de este tipo de herramienta que evalúa la calidad de los servicios públicos, cabe señalar cinco fases concretas para el análisis: el diseño; la medición; la evaluación; la mejora; y la comunicación e implementación.

La fase de diseño consiste en la definición de la misión y de los objetivos estratégicos del servicio público a analizar y en la relación y la definición consensuada de los indicadores que han de ser empleados en la comparación entre los municipios y en el establecimiento de común acuerdo de las variables utilizadas para el cálculo de los indicadores mediante el consenso de los técnicos municipales responsables. Los indicadores se estructuran en cuatro dimensiones meta: encargo político, relacionados con la consecución de los objetivos finales del servicio; usuario-cliente, en lo que respecta al uso de dichos servicios; valores organizativos y recursos humanos, para el modelo organizativo y de gestión de los mismos; y economía, relacionado con la eficacia en su prestación.

La fase de evaluación consiste en la elaboración de un informe con los indicadores de cada municipio, destacando los valores más significativos. Así, para cada indicador se calcula la media, y se destacan los valores de los municipios de la siguiente manera: en verde, los valores como mínimo un 50% por encima la media del conjunto de municipios y en naranja: los valores como mínimo un 50% por debajo la media del conjunto de municipios. Adicionalmente, se elabora un Cuadro Resumen Individual, para cada municipio, comparando los valores del municipio con la media del Círculo. A partir de estos valores, así como de otros que puedan ser significativos, se realiza un primer borrador identificando los puntos fuertes y oportunidades de mejora de cada municipio.

En la fase de mejora, se trabaja para identificar los cambios que se puedan realizar en la prestación del servicio municipal, que da pie a replantearse cómo se ofrece y se gestiona el servicio, a la vez que posibilita el intercambio de experiencias y la transferencia de conocimientos.

En la fase de comunicación, una vez identificadas las acciones de mejora, hay que comunicar a la organización que estas acciones se plantean llevar a cabo. Esta Comunicación la realiza cada uno de los responsables municipales, mediante un proceso previo de planificación.

En la fase de medición, una vez identificadas las variables en la fase de diseño, éstas se recogen en una encuesta que se entrega a los ayuntamientos participantes para recoger datos sobre el funcionamiento del servicio. Los datos recibidos son objeto de una validación conceptual y estadística por parte de la Diputación de Barcelona, con la finalidad de depurar posibles errores en la recogida de datos. Esta validación incluye, entre otros, la comprobación de los valores extremos y la verificación de los datos que se han modificado sustancialmente de un año a otro.

La ejecución de las políticas públicas

La ejecución de las políticas comprende el conjunto de actividades y procesos que llevan a cabo las unidades administrativas para poner en práctica la decisión pública adoptada. La implementación de la política es, pues, la secuencia programada de acciones, dirigida a producir unos resultados definidos a partir de unos objetivos previos. En este sentido, la Teoría Clásica distingue dos modelos analíticos diferentes en el estudio de la ejecución de las políticas públicas. 

El primero de ellos, el modelo "Top-Down" (de arriba a abajo), considera que el éxito en la ejecución de una política depende de: la correcta formulación de los objetivos, pues si fortalecemos su coherencia en el diseño aseguramos su cumplimiento efectivo; los recursos que se dediquen a ella, sobre todo en lo relativo a la información disponible y a la profesionalidad de los empleados que van a implementarlas; de la comunicación interadministrativa y de la capacidad de controlar el proceso; y del ambiente exterior, referido a los intereses afectados que quedan satisfechos, a la percepción ciudadana sobre el servicio que recibe, etc. En este enfoque, lo importante es la relación de jerarquía que subsiste en las organizaciones y, por tanto, puede ser un enfoque válido para implementar políticas de tipo regulatorio, pues éstas vienen de arriba e imponen  restricciones o limitaciones al comportamiento de los ciudadanos, pero que cuentan con el apoyo de éstos para regular su convivencia en sociedad.

El segundo de ellos, es el modelo "Botton-up" (de abajo hacia arriba), parte de una lógica más incremental que racionalista. De este modo, trata de analizar el impacto de la ejecución de las políticas, consecuencia de los programas de actuación que se llevan a cabo. Este enfoque resulta más coherente con la realidad ya que las políticas no tienen un principio y un fin delimitado, sino que están en un proceso constante de formulación, donde las decisiones nunca son definitivas y constantemente se reasignan medios y se proponen nuevos objetivos. Y esto se produce porque las acciones de gobierno necesitan recursos y éstos son ilimitados, porque se extienden en el tiempo y requieres una movilización constante de medios, porque continuamente se producen procesos de negociación y de influencia recíproca, etc.

Ambas propuestas teóricas encuentran serias limitaciones a la hora de plasmarlas en la realidad. Y cabe destacar que, para solventarlas y puesto que ahora cobra más protagonismo otra serie de actores políticos en el proceso, se están constituyendo redes de carácter multiforme, para implementar las políticas y los programas públicos. Hasta el punto en el que para cada una de ellas persiste una red específica de actuación, con capacidad de decisión y de movilización de recursos. Y esto porque no debemos olvidar la importancia que está adquiriendo el Tercer Sector en términos de PIB. 

Nuevos tiempos, nuevos conceptos en el capital humano

El capital humano en el ámbito público es uno de los elementos básicos en las organizaciones, ya que las configuran y las caracterizan. Como activo intangible, el capital humano se refiere a lo que conocen (saber), lo que demuestran por sus habilidades y competencias (saber hacer) y lo que es (saber estar) el personal al servicio del interés general. Los trabajadores determinan la adaptación de las instituciones al cambiante entorno, a partir de las competencias, las destrezas, la polivalencia, la lealtad, la flexibilidad, la creatividad, la capacidad crítica y resolutoria y el compromiso personal de sus empleados. 

Estudiar el capital humano supone considerar varios componentes como las normas formales que los regulan y las estructuras del sistema; la aplicación operativa de su labor, es decir, las rutinas, la reglas y las prácticas empleadas para decidir sobre cuestiones de remuneración, promoción o selección; o incluso el espacio político o los actores que operan en el sistema y su lógica de incentivos.En este sentido, la capacidad, el liderazgo y la profesionalización son tres componentes esenciales en el estudio de la función pública española.

En cuanto a la capacidad, ésta se refiere a la aptitud, el talento o la cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo. Alude a la inteligencia, en términos generales. En España, el mérito y la capacidad son dos principios constitucionales que en el acceso al empleo público. El mérito es la circunstancia, cualidad o acción por la que alguien merece cierta cosa deseable, que más se aproxima a la experiencia vital del empleado y que sirve para que éste acceda o promocione en una organización. De este modo, mientras la capacidad tiene que ver con la destreza, el mérito tiene que ver con los merecimientos personales.

Unido a los conceptos anteriores, la PROFESIONALIDAD es la cualidad de la persona que ejerce su actividad con relevante capacidad y aplicación, quien es competente y responsable en su profesión y desempeña su trabajo con seriedad, honradez y eficacia. De este modo, al empleado público ya no sólo se le va a exigir mérito y capacidad a la hora de diseñar, gestionar y evaluar los proyectos y los programas públicos, sino que también se le requiere otros principios de racionalidad y de ética en su actuación.

Que los servidores públicos sean íntegros en su actuación nos remite a la idea de que posean unas competencias personales, sociales e institucionales que les permitan discernir lo que está bien de lo que está mal cuando administran la cosa pública. Si este principio no se da, es posible que exista cierta desconfianza intersubjetiva que bloquee el ciclo de las políticas y de los programas. La imparcialidad es otra de las claves en la profesionalización de los empleados públicos. Esta cualidad está vinculada a la igualdad que se espera de los trabajadores, quienes deben actuar sin preferencias partidarias o partidistas. 

En este punto, conviene resaltar el valor que adquiere la ética pública en estos momentos. Quizás sea éste el punto fundamental de análisis a la hora de determinar las características principales que deben cumplir los empleados públicos a la hora de definir, gestionar y evaluar los programas. Es urgente que los valores regresen a la vida pública para evitar la quiebra de ese pacto de confianza entre los ciudadanos y su desafección hacia la vida común. La ética pública no sólo pone freno a las conductas deshonestas y corruptas del sistema político-administrativo, sino que consigue crear modos de vida aceptables con comportamientos positivos y responsables, tanto de los empleados como de los ciudadanos. La ética es exigible a los funcionarios y es el instrumento de control de la arbitrariedad en el uso del poder y un factor vital para la creación y el mantenimiento de la confianza institucional.

Por otro lado, en lo que referente al LIDERAZGO, los responsables públicos deben tener esta cualidad cuando desempeñan funciones de dirección. El liderazgo requiee una visión estratégica de la organización, dotar de sentido y orientación a la organización, acreditar valor y generar el clima adecuado que inspire entusiasmo, implicación, entrega y lealtad entre las personas, que cohesione equipos y que fomente la responsabilidad en la asunción de las decisiones. En tiempos de crisis, el líder debe proporcionar sentido a las acciones que se lleven a cabo, adoptar decisiones y coordinar la puesta en práctica de esfuerzos colectivos de las organizaciones, elaborar significados sobre cómo se han diseñado las políticas y cuál es su viabilidad dentro del sistema, rendir cuentas sobre su gestión y extraer conclusiones una vez evaluadas las medidas que se han adoptado.

Por tanto, ya no basta con que los funcionarios presten el servicio público, sino que se les exige que lo hagan de la mejor manera posible, en el menor tiempo y los los recursos muy limitados y que, además, satisfagan en el más alto nivel al ciudadano. Por eso es tan importante incorporar nuevos conceptos en el diseño, la gestión y la evaluación de las políticas y de los programas públicos.

Máster en Diseño, Gestión y Evaluación de Políticas y Proyectos Públicos

El Máster en Diseño, Gestión y Evaluación de Políticas y Proyectos Públicos, gestionado por el Área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Alicante, es una iniciativa conjunta de esta Universidad y la Asociación Argentina de Evaluación (ASAE).

Con este Máster, la Universidad de Alicante, a través del Área de Ciencia Política y de la Administración (Departamento de Estudios Jurídicos y del Estado), pretende continuar con su contribución a los procesos de modernización y fortalecimiento institucional de los gobiernos e instituciones públicas, mediante la difusión del conocimiento y de las técnicas más adecuadas.

El Máster aporta nuevos conocimientos a los tomadores de decisiones para que puedan mejorar el desempeño de la gestión pública. Concretamente, ofrece los instrumentos clave para evaluar las políticas y los proyectos públicos, la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos y la calidad de la prestación de los servicios al ciudadano.

Para llevar a cabo una correcta evaluación de los proyectos y políticas desarrolladas, es imprescindible que sus responsables cuenten con indicadores válidos, adecuados y confiables, que brinden la información requerida para realizar esta tarea, más allá de la tradicional evaluación electoral llevada a cabo por los sistemas democráticos. Hoy en día, la “revalidación en las urnas” no basta para valorar la eficacia, eficiencia y efectos reales de los programas y de los proyectos contenidos en las políticas públicas.

A su vez, no sólo el ciudadano demanda mayor transparencia en la gestión pública sino que, desde un punto de vista práctico, sin evaluación no hay exigencia de responsabilidades ni puede haber, por tanto, rendición de cuentas. Y sin ésta última, no hay democracia.


Aclaración personal

He elegido cursar este Máster porque me parece de sumo interés profundizar en el correcto diseño de las políticas y de los proyectos públicos para evitar futuros problemas de ejecución, así como para racionalizar el gasto público y realizar una correcta asignación de recursos en las instituciones político-administrativas. A su vez, considero prioritario evaluar la gestión de la actividad pública, a fin de rectificarla, mejorarla y completarla con la participación y la fiscalización de la sociedad civil. 

Además de esta razón para cursar el Máster, la profesionalidad y el buen hacer de todo el equipo humano que integra y colabora en el Área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Alicante, es otra de las fortalezas que ofrece el estudio. Encabezado por el Catedrático Don José Manuel Canales Aliende, el profesorado del citado Área es inmejorable, nutrido de una destacable experiencia, conocimiento y rigor académico, siempre volcado con los alumnos para que muestren todo su potencial, para animarles y para facilitarles que la preparación del Máster sea compatible con sus obligaciones personales y laborales. 

Os animo a que formalicéis vuestra inscripción en esta acción formativa tan interesante.

Políticas para la integración e igualdad desde LGTB

Se conoce por las siglas LGBT al movimiento social y político que pretende conseguir la normalización social y la equiparación de derechos de personas homosexuales (gays y lesbianas), bisexuales y transexuales, con los derechos de las personas heterosexuales. Así como encontramos esferas de la vida que han sido ampliamente tratadas por los decisores públicos y ampliamente desarrolladas por el legislador, no parece ser esto lo propio de la actividad que nos ocupa. 

Tal es así, que en España encontramos escasas estrategias y políticas públicas encaminadas a la consecución de la igualdad de estas personas, casi todas ellas políticas regulativas. Cabe destacar la Ley 62/2003, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que adecúa la legislación nacional a la Directiva 2000/43/CE y a la Directiva 2000/78/CE, la cual busca la aplicación real y efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación y hace mención expresa a la realizada por razón de orientación sexual. Otro ejemplo es la Ley 13/2005, de 1 de Junio, por la que se modifica el Código civil en materia de derecho a contraer matrimonio, o la Ley 3/2007, de 15 de Marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.  

Pero, sin lugar a dudas, un ejemplo paradigmático lo constituye la Comunidad Autónoma de Galicia, quien recientemente ha aprobado la Ley 2/2014, de 14 de Abril, por la igualdad de trato y la no discriminación de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales, y a la que pretenden anexionarse Extremadura, Cataluña o Valencia en poco espacio de tiempo. La citada ley persigue garantizar la igualdad de trato y combatir la discriminación por razones de orientación sexual e identidad sexual, eliminando cualquier indicio de discriminación que pueda apreciarse en el campo de la enseñanza, de las relaciones laborales, de la cultura, de la salud, del deporte y, en general, en el acceso a cualquiera bien o servicio.

En concreto, el Título II de la citada Ley, dedica su contenido a la regulación de las políticas públicas para el fomento y la promoción de la igualdad, de la visibilidad y de la no discriminación del colectivo LGTBI, que incluye medidas en el ámbito policial y en el de la Justicia, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la cultura y del ocio, en materia de deporte, en materia de juventud y en materia de comunicación.

Aunque la Ley gallega establece más bien principios programáticos más que concreciones jurídicas que hagan efectivo el ejercicio de derecho para este colectivo social, sin duda constituye un paso hacia adelante en el desarrollo de políticas de integración e igualdad en España

Democracia paritaria desde los partidos políticos

Históricamente, las mujeres han sufrido una situación de desigualdad respecto del hombre, en lo que se refiere al reconocimiento de sus derechos políticos y al efectivo ejercicio de los mismos. En este sentido, la Profesora Giordano, incide la idea que ha dado título a su libro de “ciudadanas incapaces”, al mostrar cómo las mujeres han ido adquiriendo derechos políticos en América Latina desde fechas tempranas pero cómo los mismos no han contado con capacidad jurídica plena para desarrollarse hasta hace relativamente escaso tiempo, con el constitucionalismo moderno. Salvando las distancias oportunas, uno de los problema con el que podemos encontrarnos en la actualidad reside fundamentalmente en cómo lograr que los meros principios programáticos de igualdad de sexos encuentren su acomodo en la realidad sociedad y no únicamente en el campo jurídico y filosófico.

En el caso concreto de España, lo cierto es que se han ido aprobando medidas, en estos últimos años, tendentes a hacer efectiva dicha igualdad, adoptando medidas de paridad para conseguir una presencia equilibrada de mujeres y hombres en las instituciones públicas. Específicamente, la Disposición Adicional 2ª de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, añade el artículo 44bis a la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General, la obligación de que las candidaturas que se presenten para las elecciones tengan una composición equilibrada de ambos sexos, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los dos supongan como mínimo el 40%. 

Esta medida de discriminación positiva se permite por el Ordenamiento Jurídico, pues el legislador entiende la necesidad o conveniencia de diferenciar situaciones distintas y de darles un tratamiento diverso, que puede incluso venir exigido, en un Estado Social y Democrático de Derecho, para la efectividad de los valores que la Constitución consagra con el carácter de superiores, como es la igualdad y las condiciones para que ésta sea real y efectiva. Y ello cumpliendo tres requisitos básicos: 1) existe una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados, para aplicar la medida considerada; 2) exista coherencia entre la medida, el fin perseguido y el grupo a quien va dirigida; y 3) existir una debida proporcionalidad entre el fin y las consecuencias que se derivan del desigual trato que se dispensa. Así, aclara que no cabe escudarse en la discriminación por razón de sexo vedada expresamente por la Constitución para deslegitimar cualquier diferenciación normativa. Aplicado al ámbito que nos ocupa, la voluntad de terminar con la histórica situación de inferioridad en que en la vida social y jurídica se había colocado a la población femenina, justifica las medidas de discriminación positiva adoptadas en España.

Por eso, los partidos son instrumentos fundamentales en democracia para la participación política y comprenden algo más que la mera presentación de candidaturas, pues cumplen la función de selección de los líderes políticos, no sólo en las elecciones, sino también para los cargos que se eligen en los Parlamentos, quienes reflejan la composición social y representan a la sociedad. Los partidos políticos están llamados a ser los mecanismos que equilibren la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la arena política. Y ello porque canalizan la participación política de los ciudadanos y la propia Constitución exige de los partidos la función de integración y resolución de problemas históricos incompatibles con el régimen democrático actual, exigiéndoles de democracia interna en su organización y su funcionamiento interno. Sin embargo, a la vista de las estadísticas, la Ley de Igualdad no parece haber satisfecho la función de paridad de sexos y las mujeres están lejos aún de lograr una representación paritaria real en las instituciones, pues éstas presentan grandes diferencias salariales y de funciones respecto de los hombres en las esferas de poder.

Así, toda vez que los partidos políticos reciben en España la mayor parte de sus ingresos del erario público, algunos autores defienden la utilización de la financiación pública como medida para lograr que los partidos presenten listas electorales en las que la proporción de los candidatos de ambos sexos sea equilibrada o se corresponda con las exigencias de una democracia paritaria, pudiendo adoptarse dos modalidades: una acción positiva, en el sentido de «incentivar» premiando con una mayor financiación a aquellos partidos que cumplan con ese objetivo, o una acción negativa, consistente en «disuadir» reduciendo la financiación pública que tendrían derecho a percibir los partidos, en el supuesto de no alcanzar dicho resultado. 

La evaluación de lo público

Tal y como define GARDE ROCA, J. M., la evaluación es “el proceso sistemático de recolección y análisis de la información, destinado a describir la realidad y emitir juicios de valor sobre su adecuación a un patrón o criterio de referencia establecido como base para la toma de decisiones. Evaluar es participar en la construcción de un tipo de conocimiento axiológico, interpretando la información obtenida, estableciendo visiones no simplificadas de la realidad y suministrando resultados basados en evidencias que sean creíbles, fiables y útiles, facilitando la incorporación oportuna de los hallazgos, recomendaciones y lecciones en los procesos de toma de decisiones, lo cual ayudará a generar una mayor cultura  evaluativa".

Hoy en día, la evaluación ocupa un lugar estratégico en la esfera de lo público, pues resulta de especial trascendencia e interés medir el rendimiento de las instituciones para legitimar, de origen y de ejercicio, su propia existencia. El proceso evaluador está estrechamente unido a la calidad democrática, por cuanto nos interesa conocer los resultados que han generado la aplicación de determinado programa o la prestación de determinado servicio público en la realidad  social.

Conviene distinguir lo que supone evaluar servicios de lo que supone evaluar políticas y programas públicos. La evaluación de la calidad de los servicios es especialmente útil para medir los resultados, de la vertiente organizativa, en la implementación de los mismos, así como recopilar datos acerca de la percepción de los usuarios de dichos servicios y conocer con ello su índice de impacto. Por su parte, la evaluación de las políticas y programas públicos aporta una dimensión superior en la organización, relacionada con la toma de decisiones estratégicas, la legitimación social de la acción pública y la gobernanza. 

La evaluación -tanto de servicios como de políticas públicas-, debe ser un proceso continuo, una actividad más y complementaria del resto de funciones de la entidad, planificada, donde intervengan todas las partes de la organización, que ofrezca resultados fiables sobre los cuales definir las líneas estratégicas de mejora y realizado permanentemente por profesionales expertos. Sin evaluación no hay posibilidad de cambio y su institucionalización supone todo un proceso de renovación que requiere voluntad política, dirección participativa y cultura organizacional.

Merece la pena incluir la idea del citado autor cuando introduce la idea de institucionalizar la evaluación, definida como "un proceso político por el que se legitima un marco normativo adecuado para el desarrollo de la función de la evaluación, a partir de la estructuración de espacios e instancias de las Administraciones a las que encargar tal función, ubicándolos en los distintos niveles de gobierno y según las distintas actividades o sectores a evaluar. Con la institucionalización no se trata sólo de realizar algunas evaluaciones sino de incorporar la evaluación y sus resultados como prioridad de la agenda gubernamental y en los procesos de formación de políticas públicas, haciendo de ellas un factor clave para la gobernanza, arbitrando la participación de la ciudadanía y de los distintos actores sociales. Institucionalizar la evaluación exige configurar un modelo permanente de análisis de resultados, definiendo los principios y valores en los que sustentar dichos análisis y evaluaciones, enmarcándolos dentro de un proyecto político de gobernanza. Para ello, los poderes públicos, respetando íntegramente los roles legítimos del poder decisorio, deben estimular el establecimiento de estructuras culturales y formales capaces de diseñar sistémicamente e implementar las políticas públicas, así como de definir recursos técnicos, normas, metodologías, etc. que hagan de la evaluación de tales políticas un proceso riguroso, transparente y de calidad, al servicio de los ciudadanos. Serán éstos, junto con los diversos actores sociales, a través de su participación, los que expresen sus demandas, necesidades y opiniones, y a los que, en todo caso, se les debe rendir cuenta de los resultados de las evaluaciones realizadas”.