Mostrando entradas con la etiqueta Función Pública. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Función Pública. Mostrar todas las entradas

sábado, 17 de septiembre de 2016

La relación entre funcionarios y políticos

Weber afirmó  que el funcionario es “aquel que no debe de hacer política, sino limitarse a administrar, sobretodo imparcialmente”. Pero, ¿cómo conseguir tal propósito cuando Administración Pública y Política son conceptos demasiado conexos; cuando burócratas y políticos conviven diariamente y toman decisiones que nos afectan a todos; cuando el poder de gestionar y el poder de decidir no tienen la misma fuerza para imponerse? Tres son los puntos críticos de análisis a la hora de enfocar cómo se produce esa relación entre los políticos y los funcionarios: 1) la finalidad objetiva de políticos y burócratas, 2) el papel fundamental que los burócratas a la hora de cumplir esa finalidad objetiva de forma solvente y apolítica y 3) la limitación de las funciones del político, así como la afirmación de su responsabilidad personal y social.

¿Cuál es la finalidad objetiva de políticos y burócratas? Está claro que es el interés general y que debe ser siempre pero como señaló Bobbio, el consenso de la voluntad general implica disensos y limitaciones para la libertad de expresarlos. ¿Puede un burócrata ser solvente y apolítico en una dictadura? La respuesta, desde una posición puramente doctrinal y teórica, podría ser lo que Alejandro Nieto categoriza como modelo decisionístico como articulador entre el asesoramiento y la decisión, podría ser una solución. El burócrata se limitaría, con objetividad y neutralidad, a proporcionar datos e información al político y éste último tomaría una decisión, una vez analizadas las diferentes opciones. De tal forma que el burócrata actuaría con profesionalidad en su asesoramiento imparcial y sería el político a quien la correspondería una decisión responsable (principio de que responde el que firma). Pero siendo realistas, el burócrata no parece que podría realizar su trabajo libre de implicaciones ideológicas.

Al hilo de todo ello, ¿Por qué al distinguir actos políticos de actos administrativos no profundizamos más en ambas categorizaciones, exigiendo responsabilidades y garantías en el cumplimiento de esa finalidad objetiva que es el interés general? ¿Por qué la legislación vigente se empeña en dar cabida a las excepciones que constituyen empleo público pero que se alejan de los principios de mérito y capacidad?  ¿Por qué las decisiones, los objetivos -e incluso la promoción- de un funcionario depende de un superior jerárquico que no ha entrado en la función pública por la misma puerta que él ni se le exige lo mismo? ¿Por qué continúan sin delimitarse normativamente las competencias que le son propias a un alcalde? No podemos obviar lo evidente y la Administración Pública es un conjunto de órganos que, lejos de tener una misma finalidad, para que tengan intereses contrapuestos, dirigidos por políticos de libre designación con sus propios intereses particulares o partidistas, en definitiva, una lucha de poderes que lleva, inevitablemente, a la dominación de unos sobre otros y a que el principio de incertidumbre –que acertadamente señala Napo-, opere sobre lo objetivo y se manifieste sobre lo neutral.

Un buena Administración debe ayudar a equilibrar y legitimar el poder político y a reforzar la democracia, aumentando su calidad. Cambiar todo el aparato burocrático puede resultar complejo pero conseguir –tal y como apunta el Prof. Sanmartín-, que los funcionarios de carrera weberianos sean más que los políticos de libre designación, no lo es tanto.

Nuevos tiempos, nuevos conceptos en el capital humano

El capital humano en el ámbito público es uno de los elementos básicos en las organizaciones, ya que las configuran y las caracterizan. Como activo intangible, el capital humano se refiere a lo que conocen (saber), lo que demuestran por sus habilidades y competencias (saber hacer) y lo que es (saber estar) el personal al servicio del interés general. Los trabajadores determinan la adaptación de las instituciones al cambiante entorno, a partir de las competencias, las destrezas, la polivalencia, la lealtad, la flexibilidad, la creatividad, la capacidad crítica y resolutoria y el compromiso personal de sus empleados. 
Estudiar el capital humano supone considerar varios componentes como las normas formales que los regulan y las estructuras del sistema; la aplicación operativa de su labor, es decir, las rutinas, la reglas y las prácticas empleadas para decidir sobre cuestiones de remuneración, promoción o selección; o incluso el espacio político o los actores que operan en el sistema y su lógica de incentivos.En este sentido, la capacidad, el liderazgo y la profesionalización son tres componentes esenciales en el estudio de la función pública española.
En cuanto a la capacidad, ésta se refiere a la aptitud, el talento o la cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo. Alude a la inteligencia, en términos generales. En España, el mérito y la capacidad son dos principios constitucionales que en el acceso al empleo público. El mérito es la circunstancia, cualidad o acción por la que alguien merece cierta cosa deseable, que más se aproxima a la experiencia vital del empleado y que sirve para que éste acceda o promocione en una organización. De este modo, mientras la capacidad tiene que ver con la destreza, el mérito tiene que ver con los merecimientos personales.
Unido a los conceptos anteriores, la PROFESIONALIDAD es la cualidad de la persona que ejerce su actividad con relevante capacidad y aplicación, quien es competente y responsable en su profesión y desempeña su trabajo con seriedad, honradez y eficacia. De este modo, al empleado público ya no sólo se le va a exigir mérito y capacidad a la hora de diseñar, gestionar y evaluar los proyectos y los programas públicos, sino que también se le requiere otros principios de racionalidad y de ética en su actuación.
Que los servidores públicos sean íntegros en su actuación nos remite a la idea de que posean unas competencias personales, sociales e institucionales que les permitan discernir lo que está bien de lo que está mal cuando administran la cosa pública. Si este principio no se da, es posible que exista cierta desconfianza intersubjetiva que bloquee el ciclo de las políticas y de los programas. La imparcialidad es otra de las claves en la profesionalización de los empleados públicos. Esta cualidad está vinculada a la igualdad que se espera de los trabajadores, quienes deben actuar sin preferencias partidarias o partidistas. 
En este punto, conviene resaltar el valor que adquiere la ética pública en estos momentos. Quizás sea éste el punto fundamental de análisis a la hora de determinar las características principales que deben cumplir los empleados públicos a la hora de definir, gestionar y evaluar los programas. Es urgente que los valores regresen a la vida pública para evitar la quiebra de ese pacto de confianza entre los ciudadanos y su desafección hacia la vida común. La ética pública no sólo pone freno a las conductas deshonestas y corruptas del sistema político-administrativo, sino que consigue crear modos de vida aceptables con comportamientos positivos y responsables, tanto de los empleados como de los ciudadanos. La ética es exigible a los funcionarios y es el instrumento de control de la arbitrariedad en el uso del poder y un factor vital para la creación y el mantenimiento de la confianza institucional.
Por otro lado, en lo que referente al LIDERAZGO, los responsables públicos deben tener esta cualidad cuando desempeñan funciones de dirección. El liderazgo requiee una visión estratégica de la organización, dotar de sentido y orientación a la organización, acreditar valor y generar el clima adecuado que inspire entusiasmo, implicación, entrega y lealtad entre las personas, que cohesione equipos y que fomente la responsabilidad en la asunción de las decisiones. En tiempos de crisis, el líder debe proporcionar sentido a las acciones que se lleven a cabo, adoptar decisiones y coordinar la puesta en práctica de esfuerzos colectivos de las organizaciones, elaborar significados sobre cómo se han diseñado las políticas y cuál es su viabilidad dentro del sistema, rendir cuentas sobre su gestión y extraer conclusiones una vez evaluadas las medidas que se han adoptado.
Por tanto, ya no basta con que los funcionarios presten el servicio público, sino que se les exige que lo hagan de la mejor manera posible, en el menor tiempo y los los recursos muy limitados y que, además, satisfagan en el más alto nivel al ciudadano. Por eso es tan importante incorporar nuevos conceptos en el diseño, la gestión y la evaluación de las políticas y de los programas públicos.

viernes, 16 de septiembre de 2016

Democracia-Tecnocracía versus Dirección-Gestión versus Política-Función Pública

Estudiar la relación existente entre los políticos y los funcionarios abre un debate muy interesante sobre el siguiente interrogante: ¿Democracia o Tecnocracia ante la actual crisis? ¿Políticos o gestores? En opinión de Vaquer, parece ser que “la amenaza profunda a las democracias en Europa reside en esta versión de la tecnocracia, la que estrecha hasta la asfixia el campo de lo factible en política económica”. En puridad de conceptos, actualmente no podemos afirmar que la política esté libre de la tecnificación ni que la gestión de los tecnócratas lo la impregne cierta ideología. Por tanto, adoptar una postura intermedia parece ser lo más razonable.

La democracia pone el énfasis en el fin. Es el único modelo de gobierno en el que la sociedad tiene la posibilidad de influir en las decisiones públicas, posicionando al ciudadano como el actor fundamental de cualquier sistema político. Garantiza la deliberación pública en torno a las posibles alternativas existentes para tomar una de ellas como solución al problema surgido.

La tecnocracia, por contra, centra su atención en los medios. Así, limita y restringe la posibilidad del ciudadano de participar en el sistema político, posicionando a los especialistas como los actores fundamentales en política. De este modo, no hay lugar para la deliberación y la solución al problema solo puede ser una y la indicada por los que saben, los por técnicos de la materia.

Creo que debemos optar por una postura intermedia, en la que, asentadas las bases de un sistema democrático deliberativo, se integre dentro de las estructuras político-administrativas a personas con altos niveles de especialización en sectores concretos y necesarios –como ahora ocurre en el campo de la economía y de las finanzas-, donde se adopten decisiones públicas.

Todo ello evitando la politización de los tecnócratas y asegurando, por encima de cualquier otra consideración, que los intereses de los ciudadanos están siendo representados y que son éstos últimos los titulares del poder político y, por tanto, soberanos respecto de cualquier otra manifestación de poder.

Retomando la figura específica del político, éste aporta la legitimidad democrática a la institución y una visión estratégica en su funcionamiento. Por su parte, el funcionario aporta conocimientos técnicos de gestión y capacidad operativa en la resolución de problemas. Por tanto, resulta obvio que ambos trabajen en común sintonía para alcanzar el mejor rendimiento institucional. Sin embargo, existen muchos factores que condicionan la correcta sincronía entre políticos y funcionarios, entre dirigentes y gestores.

Ramió Matas señala que uno de los grandes problemas de la carencia de una regulación de la dirección pública, la cual provoca el “travestismo institucional” entendido como la trasmutación de roles entre los políticos y los funcionarios, de modo que los políticos se ocupan en su desempeño más de prácticas y competencias funcionariales y los funcionarios atienden más a prácticas y competencias de carácter político.

Mientras que el funcionario posee un estatus jurídico bien delimitado, el personal directivo profesional no. Con cierta ambigüedad y carácter general y a la espera de una concreción normativa de su regulación excesivamente laxa y subjetiva, el artículo 13 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, define por personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración. Además, este personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. ¿Quiénes deben evaluarles: los gestores públicos?


Realmente, resulta muy complicada la relación entre ambos pero es del todo necesario que políticos y funcionarios tengan claro que sólo son servidores del bien común y que su única labor debe ser la de velar por la mejor prestación del servicio público. A partir de ese momento, su actividad podría llevarse a cabo con mayor fluidez y coordinación. De igual modo, es preciso que quien dirija lo público no vaya a experimentar o a mimetizar técnicas que han funcionado en el ámbito público, que tenga vocación por lo general y que tenga ciertas dosis de conocimiento y de práctica en la materia. De lo contrario, el político no podría dirigir y perjudicaría que el gestor cumpliera con su trabajo. Así como la ley contempla una regulación pormenorizada y rigurosa sobre la función pública –estemos o no de acuerdo con su contenido-, no existe una regulación rigurosa directamente aplicable a la clase política –más allá de contadas excepciones-. Tal hecho complejiza la relación de ambos sujetos y condiciona enormemente la actividad pública.